La Xunta destinó 103 millones al «tasazo» de la basura en los concellos

La nueva tasa municipal de basura, ya bautizada por como el «tasazo», tiene como objetivo incentivar la reducción y el reciclaje de residuos en todos los municipios de España. Más allá de su función, esta medida se ha convertido en un quebradero de cabeza para muchos concellos y vecinos. «Galicia es la única comunidad con ayudas para apoyar a los consistorios», destacó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el Consello de la Xunta.

La obligatoriedad de que la recogida y gestión de residuos no sea deficitaria, instaurada el pasado 10 de abril, llevó a muchos ayuntamientos a una subida de lo que hasta ahora abonaban viviendas o negocios, lo que ha suscitado una reacción en cadena de protestas. Para paliar los efectos económicos que estos cambios pudiesen tener en las arcas municipales y en los bolsillos individuales, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, incidió en que el Gobierno autonómico «movilizó 103 millones de euros desde 2022», año en el que se dio luz verde a la Ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

«El tasazo», apuntó Vázquez al dar cuenta de un informe sobre las actuaciones del Ejecutivo gallego en este ámbito, «puede suponer hasta 230 euros de subida en la tasa de basura». «Es una imposición del Gobierno central que no obedece a una obligación establecida de manera taxativa por la Unión Europea», subrayó. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que «Galicia es la única comunidad» en ofrecer estos apoyos a las entidades locales para esta materia.

La titular de Medio Ambiente, que apuntó que la Xunta «desde el primer momento consideró injusta» la ley, desgranó en su intervención los 21,1 millones de euros que la Xunta proporcionó este año para asumir «el 60% de la subida del canon de Sogama derivada de los nuevos impuestos estatales». Entre otras cuestiones, apuntó que el Ejecutivo autonómico también impulsó la Red gallega de infraestructuras para biorresiduos, con una inversión de 45 millones de euros, y la primera planta pública de clasificación de residuos textiles, en construcción desde el pasado verano y con un coste de 22,5 millones.

Por otro lado, y en relación al traspaso de las competencias de los permisos de trabajo, Rueda avanzó que espera una «reunión formal» con el Gobierno central para negociar el tema, ya que por el momento no ha habido ninguna novedad tras «las buenas palabras» del ministro Ángel Torres a esta propuesta. Sin embargo, lamentó que siguen esperando la convocatoria de una Comisión Bilateral «para esta y otras competencias» ya solicitadas.

«El tiempo va pasando y quiero ser positivo y que lo que se me dijo de palabra se va a traducir en hechos, que haya una reunión formal para empezar el proceso de transferencia de competencias. Podría ser muy rápido, pero para eso quien tiene la competencia tiene que sentarse a negociar», dijo tras indicar que no pierde «la esperanza». «Quiero pensar que cuando un ministro te dice una cosa es porque piensa cumplirla», zanjó.