Nuevos usos urbanos obligan a reforzar las medidas contra el fuego en viviendas y trasteros

En pleno auge de los trasteros de alquiler y de los pisos turísticos en las ciudades —dos usos urbanos que pueden transformar la seguridad en caso de incendio— la actualización del Código Técnico de la Edificación endurece las exigencias en la configuración de los espacios comunes en las obras nuevas. La norma, ya en vigor, afecta a los espacios de almacén no vinculados a las viviendas y a las escaleras abiertas, que dejarán de computar como salida de planta en la mayoría de inmuebles. «Son riesgos que ya están aquí: hay potenciales usuarios que no conocen el edificio y aumentan la presión de evacuación», explica la arquitecta responsable de formación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Rocío Lamas Pérez-Cepeda.

Esta actualización del «documento básico de seguridad en caso de incendio» del Código Técnico de la Edificación— que entra en vigor mientras el Gobierno inicia la audiencia pública para redactar otro— se convierte en obligatoria para las nuevas edificaciones, pero también para reformas integrales y rehabilitaciones, dando un giro en el diseño de los edificios residenciales. También se notará en Galicia.

Los espacios de almacenamiento independientes de las viviendas —cada vez más frecuentes— deberán de contar con elementos extra como detección automática o sistemas fijos de extinción, si el riesgo así lo exige; vestíbulos de independencia o de incendio, para separar el trastero de las zonas comunes y evitar la propagación del humo y el fuego; así como mayor resistencia al fuego en paredes, techos o puertas con mayores prestaciones resistentes al fuego. «Cada caso debe evaluarse individualmente», precisa la arquitecta. Además, la norma redefine qué se considera salida de planta y limita el uso de las escaleras abiertas, lo que obligará a los nuevos inmuebles que se construyan a cerrarlas o compartimentarlas para garantizar una evacuación segura.

A partir del pasado 10 de noviembre todos los proyectos que soliciten licencia deberán cumplir la nueva versión, lo que significa que promotores y arquitectos afrontan una reconfiguración importante de las edificaciones. La principal finalidad, considera Lamas Pérez-Cepeda, es «garantizar que los edificios resistan el tiempo necesario para que las personas puedan salir con seguridad en caso de evacuación».

La reforma normativa introduce esos cambios esenciales. En cuanto al uso almacén, la normativa persigue responder a situaciones cada vez más habituales en los bloques de viviendas gallegos, donde surgen trasteros de alquiler o mini-almacenes exteriores al uso residencial habitual, lo que implica un mayor número de usuarios que desconocen el edificio y un mayor riesgo en caso de incendio.

Como locales industriales

Este tipo de espacios deberán evaluarse mediante el Reglamento de seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, lo que implica que cada caso deberá analizar su ubicación, su carga de fuego, el tipo de materiales que se almacenan y definirá medidas específicas de protección.

Respecto a las escaleras abiertas, el nuevo texto marca que ya no pueden considerarse como salida de planta válida aquellas escaleras que no están confinadas en un recinto propio y protegidas frente al fuego. En la práctica, esto significa que en muchos edificios residenciales de Galicia con bajo más cuatro plantas será casi imposible mantener la escalera abierta, y también se verán obligados a revisar los de bajo más tres plantas. «Habrá que pensar las escaleras de otro modo», resume Lamas. En rehabilitaciones integrales de edificios ya construidos —independientemente de su fecha de construcción—, deberán de adaptarse a esta obligación sobre medidas de seguridad al pedir la licencia.

Estas novedades, que afectan a todas las comunidades españolas, coinciden con un momento de fuerte impulso de la rehabilitación urbana en Galicia, en el que coexisten usos residenciales tradicionales con alojamientos turísticos y modelos de vivienda compartida que aumenta la complejidad en caso de fuego. Según Lamas, del COAG, «la realidad social y constructiva ya no es la misma que hace veinte años», y los usuarios temporales, la rotación de ocupantes o los nuevos usos mixtos exigen una norma más exigente.

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