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La Xunta convoca por mandato judicial 311 plazas de brigadistas

Lo hace con una enmienda del PP a la ley que acompaña a los presupuestos

N. Vázquez

Santiago

A lo largo de los próximos meses la Xunta habilitará una convocatoria extraordinaria por concurso de méritos de 311 plazas del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales, dando cumplimiento a una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia del año pasado.

Concretamente, el fallo surgió a raíz de una demanda de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), y acreditaba que en la oferta de empleo público del año 2022 no se habían convocado todas las plazas correspondientes al proceso de estabilización al amparo de la Ley 20/2021. Ahora, a través de una enmienda presentada por el Grupo Popular a la ley de acompañamiento de los presupuestos —que tiene mayoría absoluta—, se corrige esta situación, añadiendo una disposición por la que se realizará esta convocatoria de 311 plazas de personal fijo discontinuo, que actualmente cubre personal temporal.

Además, tal y como correspondía, puesto que así lo recogen tanto la ley de estabilización como la sentencia del Alto Tribunal gallego, esta convocatoria se hará por el concurso de méritos. En todo caso, en su enmienda, los populares también justifican esta decisión en otros aspectos, como en la «prioridad de disponer, en el menor plazo posible, del mejor cuadro de personal fijo para enfrentar los retos que afectan directamente a la seguridad de las personas» o «adaptar los recursos humanos a la nueva situación» de fenómenos naturales más extremos, apostando «con claridad por la experiencia acumulada, la profesionalidad y la valía del personal». De este modo, la distribución de estas 311 plazas será la siguiente: 172 de bombero forestal, 71 de bombero forestal conductor, y 68 de bombero forestal jefe de brigada. La previsión es, según fuentes del Grupo Popular, poder realizar la convocatoria extraordinaria en los próximos meses, para poder planificar la campaña de 2026 con suficiente antelación.

En la misma línea, para evitar duplicidades y posibles conflictos jurídicos, se anula la convocatoria de estas plazas de la OPE de 2023 publicada en agosto de este año, archivándose y devolviendo de oficio las cantidades abonadas por las personas aspirantes. En todo caso, la Administración se compromete a incluir en la OPE de 2026, sumada a las de 2024 y 2025, al menos un número de plazas equivalente a estas 327 de personal laboral de la Xunta anuladas, incluyendo las 90 de personal funcionario que todavía no se convocaron de la OPE de 2024. Al respecto, el CSIF valora muy positivamente la noticia, que supone «un marco jurídico claro, seguro y definitivo para reparar la exclusión de las plazas pendientes y ofrecer una solución eficaz al personal temporal afectado».

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