Audasa busca dilatar la devolución de los peajes ilegales tras el fallo del Supremo

El Tribunal Supremo zanjó en una sentencia a finales del pasado mes de octubre de este año tras un largo periplo judicial que Audasa debe abonar los peajes cobrados indebidamente a los conductores que se vieron afectados por las obras de ampliación del puente de Rande. Al ser ésta la última instancia judicial, el fallo es firme y ejecutivo, y por lo tanto la empresa concesionaria de la AP-9 debe efectuar el pago de dichos importes, con intereses, a los usuarios al no haber posibilidad de más recursos. O al menos de forma ordinaria.

Porque Audasa, tal y como informa la asociación En-Colectivo, que aglutina a parte de los afectados, ha presentado ante la Sala Primera del Tribunal Supremo un incidente de nulidad de actuaciones como paso previo a un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando supuestas vulneraciones de derechos fundamentales. Se trata de un recurso extraordinario que, si bien en la mayoría de casos no suele ser admitido a trámite, esto permite a la concesionaria dilatar el proceso de ejecución del fallo.

Para En-Colectivo, este movimiento es «incoherente y difícil de justificar». Y es que, tras la sentencia, Audasa habilitó un buzón para que los usuarios afectados presentasen sus solicitudes de devolución con la documentación acreditativa.

Sin embargo, ahora, inicia un procedimiento judicial excepcional cuya finalidad es «cuestionar o anular la sentencia que reconoce precisamente ese derecho a ser reintegrados». «Una vez más nos sorprende que Audasa, en lugar de asumir su responsabilidad, intente dilatar lo que el Supremo ha dejado meridianamente claro. Los usuarios merecen respeto y las sentencias deben cumplirse», reitera Diego Maraña, presidente de En-Colectivo. «Miles de conductores pagaron un servicio que no recibieron. Es hora de que Audasa devuelva lo que nunca debió cobrar», amplía.

Esta plataforma de afectados sostiene que la estrategia jurídica de Audasa solo busca dilatar el pago de estos peajes mal cobrados y, en esencia, resulta «improcedente» por varios motivos. Reiteran que la sentencia del Supremo es firme y ejecutiva. «Ninguna acción ante el Tribunal Constitucional puede suspender ni alterar un fallo económico del Supremo», amplían desde En-Colectivo. A su criterio, tampoco se ha producido en la sentencia o proceso una vulneración de derechos fundamentales. Es más, el Constitucional no revisa los hechos ni pruebas, sino solo si la resolución puede ir en contra de las normas constitucionales.

Para esta agrupación de afectados, el movimiento jurídico de Audasa no obedece a más que a «evitar» los pagos contradiciendo «directamente el mandato del Supremo y supone ignorar el derecho de los usuarios a recuperar su dinero».

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