La protección contra las agresiones a los sanitarios se amplía a centros privados

El Gobierno gallego acaba de remitir al Parlamento la reforma de la Lei de Saúde de Galicia con la que pretende poner fin a las agresiones al personal sanitario, recurriendo a sanciones que en el caso de considerarse muy graves podrán llegar a multas de 15.000 euros. Inicialmente, esta protección solo estaba prevista para el personal perteneciente el sistema público de sanidad, pero finalmente la Xunta ha incorporado también como sujetos amparados por la ley a todos los profesionales sanitarios de los centros privados.

Esta modificación con respecto a la propuesta originaria llevará así la protección antiviolencia a los más de 5.000 trabajadores que ejercen en el sector privado en Galicia. Al principio, solo estaban cubiertos los del Sergas.

«La comunidad autónoma de Galicia, conocedora de la realidad de la violencia en este ámbito y en su firme compromiso de impedir tales actuaciones y proteger a los profesionales en el desarrollo de su actividad, considera fundamental extender las medidas de prevención y protección frente a tales actos de violencia a todo el sistema sanitario de Galicia, con independencia de la titularidad pública o privada del centro de prestación de servicios, así como a todos los profesionales que realizan actividad sanitaria de carácter asistencial o cualquier otra que sin ser estrictamente asistencial guarde relación con dicha actividad, como el transporte sanitario, entre otras», se recoge ahora en la exposición de motivos de la reforma de la Lei de Saúde.

Como los profesionales sanitarios del sector privado no estaban amparados en la redacción original, la Asociación de Hospitales Privados de Galicia (Ahosgal) —que agrupa a trece centros— presentó alegaciones para que se incorporara a sus trabajadores. Esgrimió que solo Ahosgal cuenta con unos 5.000 profesionales sanitarios y que sus 1.860 camas suponen el 19% del total de Galicia y que dejarlos fuera del amparo legal en la normativa antiagresiones provocaría «una grave discriminación y agravios entre el personal sanitario» de la comunidad.

Finalmente, este colectivo se incluyó entre los protegidos, al igual que otros con los que inicialmente no se contaba, como los técnicos de emergencia y del 061, el personal de administración o inspección o a los trabajadores de empresas privadas contratadas por el Sergas.

Las últimas cifras registradas, correspondientes a 2024, revelan que 856 profesionales del Sergas comunicaron «algún tipo de violencia». La mayoría de estas agresiones fueron «verbales o gestuales» —más de 500—, pero también hubo 340 acciones que comportaron violencia física.

Del total, 511 agresiones fueron contra profesionales que trabajan en Atención Primaria y extrahospitalaria, mientras que las otras 345, el 40%, fueron actos violentos en el ámbito de la atención hospitalaria.

Las infracciones leves, como la falta de respeto o el insulto, podrán ser sancionadas con multas que pueden ir de los 300 a los 1.500 euros. En el siguiente escalón, las faltas graves, como amenazas, coacciones o acoso digital, conllevará sanciones que oscilarán entre 1.500 y 3.000 euros.

Y las muy graves, agresiones físicas, por ejemplo, o reincidencia en la comisión de infracciones graves en los últimos cinco años, estará penalizado con multas que van de los 3.000 a los 15.000 euros.

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