Los gallegos, los que más usan los terrenos al lado de las vías del tren como vertederos

A mediados de 2023, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) emprendió un programa, definido como «un reto nunca abordado», para limpiar todos los residuos «históricos» que se encontraban amontonados en diversos puntos de la red ferroviaria española procedentes de la propia actividad y de empresas contratadas para realizar determinadas obras y servicios. Y, al mismo tiempo, se puso en marcha otro programa diferente destinado a retirar, en este caso, los vertidos generados por terceros sin identificar y que nada tienen que ver con el sector ferroviario. Durante 2024 se recogieron nada menos que 1.277 de estas toneladas y de ellas, un tercio se localizaron en Galicia.

Se trata de basuras producidas al margen de Adif y de las actuaciones contratadas a la empresa privada de las que no se ha podido identificar al responsable, pero que la entidad pública tiene que gestionar por encontrarse en terrenos de su propiedad.

Durante décadas, antes de extenderse el servicio público recogida de basuras, en todas las poblaciones gallegas había vertederos sin ningún tipo de control y lo mismo se tiraban escombros y residuos al lado de un río que en medio del monte. De hecho, la Xunta lleva años aplicando un programa para clausurar vertederos ilegales de cierta envergadura y en sus registros ya van 250. De ahí que no resulte tan extraño que también se usaran los terrenos Adif, que en el caso de Galicia el volumen retirado en 2024 ascendió a 440 toneladas, el 34,4% de las 1.277 recogidas en toda España. Como segunda autonomía, aunque ya a mucha distancia, figura Murcia (16%), seguida de Madrid, 12% o Castilla-La Mancha (11%), según precisa Adif en su informe de memoria ambiental referida al pasado año.

El principal material en estos vertederos ilegales son restos derivados de actividades de construcción y demolición —el 88%— del peso, pero también hay neumáticos, electrodomésticos, muebles y otros elementos de procedencia urbana, además de residuos peligrosos que contenían fibrocemento (casi 30 toneladas), lo que obligó a una gestión específica de seguridad.

En cuanto al acopio de residuos «históricos» generados por Adif y las empresas contratadas, procedentes de obras antiguas y otras intervenciones más recientes pero ya terminadas, el volumen gestionado ascendió a 54.129 toneladas en toda España, siendo el principal elemento retirado traviesas de hormigón (47.488 tm) y de madera (4.261), aunque también aparecieron pilas y baterías (1,1 toneladas), metales, neumáticos, fluorescentes y otro material con mercurio y hasta vehículos que habían llegado al final de su vida útil.

En este caso, Adif no indica en qué comunidades autónomas se recogieron estos residuos. Pero sí hace una relación de todos los expedientes abiertos y sanciones por las distintas administraciones derivados de infracciones de la normativa ambiental entre los años 2010 y 2024.

En total fue objeto de 168 expedientes que se saldaron con 81 sanciones, de las que casi un tercio fue por no respetar las medidas destinadas a evitar los incendios en los aledaños de las vías del tren.

Entre los expedientes, figuran tres promovidos por la Xunta, dos precisamente por no desbrozar sendos tramos ferroviarios en Culleredo y San Sadurniño (A Coruña) y otro por vertidos de hidrocarburos al Miño en Lugo.

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