Galicia acapara el 10% de los anuncios ilegales de pisos turísticos, según Consumo

Uno de cada diez anuncios ilegales de viviendas de uso turístico que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha detectado en la plataforma online Airbnb se correspondían con inmuebles radicados en Galicia.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy comunicaba el pasado lunes la imposición de una sanción de 64 millones de euros por anunciar alojamientos que carecían de la preceptiva licencia para ofrecer este servicio. En total, según contabilizó Consumo, esta página web —que es la principal comercializadora de viviendas de uso turístico a nivel mundial— consintió la publicación de 65.122 anuncios que infringían la normativa sobre este tipo de activos turísticos.

Así, más del 10% de estas ofertas ilegales anunciaban inmuebles ubicados en la comunidad. Según los datos dados a conocer ayer por Consumo, en esta plataforma online estaban presentes 6.897 anuncios de viviendas gallegas en los que no figuraba el número de registro autonómico y 59 en los que sus propietarios decidieron introducir un código falso.

De este modo, Galicia se sitúa como la tercera comunidad con un mayor volumen de viviendas anunciadas de modo ilegal en Airbnb, solo por detrás de la Comunidad Valenciana (21.938) y las Islas Canarias (12.728).

Es importante subrayar que todos los casos sancionados son previos a la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital, una medida que, desde el pasado 1 de julio, obliga a todas las viviendas de uso turístico a contar con un número de registro estatal para poder ofrecer sus servicios en este tipo de canales de comercialización, donde además de Airbnb, destacan Booking o Fotocasa.

Sin embargo, antes de la entrada en vigor de este registro único estatal, las viviendas de uso turístico de todas las comunidades autónomas a excepción de Madrid, Andalucía y Extremadura, ya estaban obligadas por sus normativas autonómicas a introducir el número de registro en sus anuncios.

Desde la Agencia de Turismo de Galicia, el órgano encargado de llevar a cabo esta inspección y de ejecutar el régimen sancionador, apuntan que «la Xunta lleva años combatiendo la ilegalidad turística, con rigor y firmeza». En este sentido, apuntan que la inspección realizó a lo largo del pasado año hasta 4.000 actuaciones. Sostienen, además, que el Ejecutivo gallego está intensificando el control en las plataformas con nuevas herramientas informáticas de análisis. Las viviendas de uso turístico publicitadas de modo ilegal en Airbnb que detectó Consumo podrían ser objeto de sanción por parte del Ejecutivo gallego que es el poseedor de esta competencia.