Resumen de 2025: Galicia asume la gestión del litoral

Con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, Galicia no había recibido ninguna nueva competencia. Y fue su sucesor, Alfonso Rueda, quien apostó por incrementar el autogobierno, algo que hizo asumiendo además una función de gran calado, la gestión integral del litoral gallego, con sus 1.500 kilómetros de longitud. La asunción efectiva se hizo el 1 de julio, si bien fue en el mes de abril cuando se firmó el acuerdo para el traspaso de las competencias del Estado a la comunidad autónoma, en un acto en la sede noble de la Xunta, en el pazo de Raxoi, entre el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, y Alfonso Rueda. Se puso así fin a un periodo de dieciséis años de sequía en el que la comunidad no había asumido ninguna función adicional de gobierno.

Pero el parto no fue fácil. La Xunta quería las competencias y el Gobierno central, no. Así que en 2023 el Parlamento aprobó la ley autonómica que suponía el traspaso. Moncloa se negó y la ley acabó impugnada en el Tribunal Constitucional porque Madrid no estaba dispuesto a desprenderse de esta funcionalidad, alegando que Galicia tenía que modificar primero su Estatuto de Autonomía.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, llegó a tachar esa norma gallega de «casi una declaración de independencia», a pesar de que ya contaban con ellas Andalucía, Canarias y Baleares, a las que sumaron Euskadi y, ahora, Galicia. Incluso el PSdeG secundó el argumento del Gobierno de que era necesario reformar el Estatuto de Autonomía para gestionar el litoral.

Pero el Constitucional validó la normativa en abril de 2024, desbloqueando un proceso paralizado durante meses y despejando el camino para que Galicia, más de tres lustros después, incrementara su autogobierno.

Rueda y el ministro de Política Territorial pusieron a principios de abril de 2025 fin a tres años de desencuentros entre ambas administraciones con una declaración institucional posterior a la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en Santiago en la que se certificó la cesión competencial a Galicia.

Las buenas palabras y las apelaciones a la «cogobernanza» por parte de Torres y a la colaboración de Rueda trataron de correr un velo sobre el choque mantenido entre ambas administraciones.

La Xunta es desde julio la que tiene responsabilidad sobre las autorizaciones para ocupación y usos en el dominio público marítimo terrestre, es decir, dará la luz verde a piscifactorías, cetáreas conserveras, astilleros, chiringuitos o papeleras como Ence. Lo hará, eso sí, ajustándose a la legislación básica estatal y en las mismas condiciones que Euskadi, cuyo traspaso costará 4 millones de euros. En el caso de Galicia fueron 1,2 para la financiación de medios humanos y materiales, más otros casi 700.000 este año por el uso de espacios.

La Administración central se reserva fijar el importe de los cánones por uso del dominio público marítimo terrestre, el rescate de concesiones o la potestad sancionadora.

Uno de los argumentos esgrimidos por la Xunta para reclamar las competencias era que la estricta interpretación que hacía el Estado de la legislación ponía en peligro más de un centenar de empresas asentadas en la línea de costa y de otras 4.000 edificaciones entre las que se incluyen centros de salud o colegios.