La Xunta carga contra la desidia de los ayuntamientos por el saneamiento

La valoración que tiene la Xunta sobre la gestión que los concellos hacen de sus sistemas de saneamiento y depuración es, desde hace bastantes años, desfavorable. Pero ahora acaba de subir de nivel en sus reproches al cargar contra su dejadez en el mantenimiento y conservación de este servicio. Califica su gobernanza, en términos generales, de «deficiente» y censura que no tengan personal capacitado para controlar las instalaciones, que carezcan de planificación e inversión, que actúen sin trasparencia o que funcionen con desidia en la tramitación de los permisos de vertidos industriales.

Esta es la radiografía que dibuja Augas de Galicia (adscrito a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático) en su último documento sobre el que se prepara el nuevo plan hidrológico de la comunidad cuyo objetivo es diseñar las medidas destinadas a garantizar y mejorar el abastecimiento y el saneamiento de los vertidos para asegurar la protección de las masas de agua. Y todo en un momento en el que la Unión Europea eleva el nivel de exigencia en la depuración, estableciendo ahora su obligatoriedad en las poblaciones superiores a los 1.000 habitantes, cuando antes solo se pedía para las de más de 2.000.

En su informe, referido a la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa (conformada por el 44% del territorio y el 76% de la población), la Xunta señala tres grandes problemas para afrontar con total éxito el saneamiento.

El primero es el propio modelo de asentamiento de la población, con una elevada dispersión de los núcleos habitados y una orografía complicada. Esto deriva en redes muy extensas con numerosas estaciones de bombeo. Hay más de 4.000 depuradoras y fosas sépticas inventariadas y solo 65 tienen un tamaño capaz de dar servicio a poblaciones de más de 10.000 habitantes. El grueso, 3.913, son pequeñas EDAR destinadas a depurar aguas residuales de núcleos de menos de 250 residentes.

El segundo problema es la alta pluviosidad, lo que provoca muchas escorrentías potencialmente contaminantes que se tienen que gestionar.

Y el tercero, al que más espacio dedica, es el papel de los concellos, a los que achaca una «gobernanza del servicio cuando menos deficiente en la mayoría de los casos».

«Entre otros muchos aspectos», añade Augas de Galicia, se detalla que los ayuntamientos, como administraciones competentes en el saneamiento y depuración, carecen de una planificación de inversiones, tanto de infraestructuras como mantenimiento y explotación, o que con carácter general no recuperan para las arcas municipales los costes del servicio —algo que en principio es obligatorio— ni disponen de personal técnico capacitado «y, por tanto, el desconocimiento que hay en los concellos tanto de las infraestructuras como del servicio es absoluto».

Por si esto fuera poco, Augas de Galicia censura también la falta de transparencia en esta prestación y que solo un número «muy bajo» de ayuntamientos dispone de una ordenanza de vertidos actualizada que, además, la hace cumplir.

La combinación de estos tres problemas generales lleva, según el organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, a que el estado actual de conservación de los sistemas de saneamiento sea «deficiente y obsoleto». «Hay redes kilométricas en mal estado, lo que ocasiona un elevado grado de infiltración de aguas limpias a partir de niveles freáticos elevados, sobre todo en épocas de lluvias, pero también en periodo prolongados después de las lluvias», se indica. La consecuencia es que estas aguas se escapan por los aliviadores y las depuradoras reciben al final una carga muy inferior a la debida, por lo que no se controla la contaminación.

Pero hay más reproches a los concellos. La Xunta considera «importante» poner negro sobre blanco que la gestión de los vertidos industriales a la red de saneamiento se ve afectada además «por una regulación deficiente de los permisos municipales».

En muchos casos, se dice, estas autorizaciones no están detalladas o se eterniza en su tramitación, por lo que mientras no se resuelve el permiso, «la industria continúa vertiendo sin control ni autorización».

Y lo que puede pasar con esta falta de atención es que se generan diversos riesgos, desde fallos en las estaciones de bombeo hasta la posible inutilización de la depuradora por no estar diseñadas estas infraestructuras para recibir este tipo de vertidos.