Resumen de 2025 en Galicia: El viento sopla en los tribunales

Por mucha esperanza que públicamente mostrasen durante la cuenta atrás del veredicto del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), tanto los promotores eólicos como la Xunta sabían que el hipotético aval a la tramitación de los parques en Galicia no cambiaría mucho el bloqueo del sector. Y así sucedió. El dictamen conocido el pasado 1 de agosto insiste en lo que antes ya dijo el Tribunal Supremo: los informes sectoriales elaborados por los organismos con competencias en la evaluación de impacto ambiental se pueden pedir, como se está haciendo aquí y en el resto de España para cualquier iniciativa industrial, en paralelo a la fase de exposición pública del proyecto. Para entonces, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que mantenía que esos informes debían entregarse antes de la consulta a los interesados, ya había cambiado el criterio para la suspensión en cascada de decenas de autorizaciones a nuevas instalaciones.

Dejó de lado el procedimiento y se centró en el previsible daño al entorno de cada uno de los parques. De hecho, el proyecto A Ruña III con el que llevó sus dudas al TJUE acabó anulado definitivamente por no incluir en el análisis de impacto la línea de evacuación.

«Cuando se solucionan las dudas, buscan nuevas interpretaciones que vuelven a paralizar los proyectos», lamentaba hace solo unos días Juan Virgilio Márquez, director general de la patronal eólica AEE. Las empresas son «incapaces» de explicar qué está sucediendo, pero advierten del efecto «dañino y destructivo» de la paralización de casi 3.000 megavatios (MW) para la competitividad de la economía gallega y del conjunto del país.

Galicia se queda sin músculo verde en plena transición energética. Este año se conectaron unos 90 MW de potencia, apenas el 1% de toda la potencia que ganó España. Lo único que está en marcha son las repotenciaciones previstas por Iberdrola, Naturgy o Endesa antes de que la Xunta decidiera hacerlas obligatorias al transcurrir los 25 años de vida útil de los parques. Una medida que el Gobierno central ha llevado al Constitucional.