La petición de ayuda por discapacidad se dispara: 310.000 gallegos en un año

Cada vez son más las personas que se someten al proceso de valoración de la discapacidad, un trámite imprescindible para poder acceder a los derechos y servicios previstos y, por lo tanto, para avanzar hacia la inclusión . Sin ir más lejos, entre 2011 y 2023 en Galicia aumentaron en un 50,27%, llegando a representar el 11,5% de la población de la comunidad, esto es, más de 310.000 personas.

Concretamente, según el censo autonómico, de 2024, en Galicia hay 246.942 personas con discapacidad. Una cifra que solo es un 10% superior a la de 2012, si bien desde 2011 el número de personas a las que se ha hecho una valoración aumentó un 50,27%. De este modo, en 2011 se completó este proceso para 207.252 personas (7,4% de la población), cifra que en 2023 se elevó hasta las 311.436 (11,5%). Este aumento, en todo caso, no fue equitativo: mientras que en provincias como Pontevedra el número de personas que se sometieron a una valoración de discapacidad aumentó en un 63,7% en estos doce años, en Lugo apenas lo hizo en un 19,5%, pasando por Ourense y A Coruña, que se situaron cerca del 50%.

Detrás de este incremento, que va en línea con la tendencia nacional (si bien en el conjunto del país fue algo menor, del 39,2%), hay demasiados factores como para poder achacarlo a uno solo, tal y como explica Laura Quintás, coordinadora del área sociosanitaria de la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami). Con una demografía cada vez más envejecida, «muchas veces las personas mayores van adquiriendo discapacidades ligadas a la edad», o tienen una dependencia que se equipara a la discapacidad, señala. Del mismo modo, hoy en día hay más información disponible, tanto por el trabajo de las administraciones como del tejido asociativo, lo que «probablemente lleva que mucha gente se decida a iniciar el trámite»; y «hay enfermedades que se están diagnosticando más», como la esclerosis múltiple, que en poco tiempo «ha pasado de ser una enfermedad de baja incidencia a perder ese título». Este cúmulo de circunstancias, deduce, es el que está detrás del aumento de valoraciones. De este modo, en 2023, el 7,9 % de la población gallega tenía reconocida administrativamente una discapacidad igual o superior al 33 %, una cifra ligeramente superior a la media nacional (7 %) e inferior a la de otras comunidades, como Asturias y Cantabria (11,5 %), Murcia (10,5 %) o Cataluña (8,2 %), lo que sitúa a Galicia aproximadamente en el quinto lugar en términos de tasa de reconocimiento de la discapacidad.

Todo ello a pesar de que es de las autonomías con la menor tasa de resolución favorable: solo en el 68,9% de las valoraciones se reconoce la discapacidad, una cifra que en 2011 era del 75,3% y que se queda por delante únicamente de Extremadura (68,3%) y Valencia (66,1%). Así se refleja en el análisis del procedimiento de valoración de la discapacidad en España publicado recientemente, que, en todo caso, señala que esta reducción se da por un crecimiento inferior de la tasa de reconocimiento en relación con la tasa de valoración, aumentando la carga de trabajo de los centros de valoración, en Galicia son 7.

Los afectados siguen señalando a las lista de espera como un «verdadero problema»

El análisis del procedimiento de valoración de la discapacidad en España, elaborado la Universidad de Murcia, compara la calidad del acceso digital y la información online del trámite de valoración entre comunidades. En esa evaluación, Galicia obtiene 10 sobre 22, una nota intermedia. Entre sus puntos fuertes, destaca que ofrece canales de contacto visibles, información del trámite actualizada y datos completos sobre los centros de valoración. En cambio, señala como debilidades la escasez de información complementaria, información insuficiente para realizar el trámite, datos incompletos sobre los equipos y apoyo a la tramitación solo parcial; y como muy débiles, subraya la falta de recursos digitales de accesibilidad, además de la ausencia de información sobre la tramitación urgente y la revisión del grado. Al respecto, Quintás añade que, para las personas con discapacidad, el mayor problema son las listas de espera para acceder al proceso y el tiempo que tarda en resolverse, a pesar del «esfuerzo» que se ha hecho desde la Administración autonómica para reducirlo. Sin ir más lejos, recuerda que Galicia «sigue siendo una de las comunidades con mayor lista de espera», y que el proceso de valoración de media lleva 12 meses. «Esto quiere decir que en Ourense igual tardan 6 pero en Vigo te lleva 2 años», lamenta, algo que tiene un impacto incalculable en quienes «necesitan este certificado para acceder a los recursos que les permitan paliar o como mínimo frenar el avance de la discapacidad». «Es un verdadero problema», sentencia, «sobre todo porque no todos se pueden permitir ir a un sitio privado a hacer una terapia», si es que la pueden encontrar. A esto, además, se suma que «la discapacidad empobrece», porque los servicios privados son especialmente caros.

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