El Gobierno se queda con solo el apoyo de Cataluña al nuevo modelo

La reunión del Consejo de Política fiscal y Financiera (CPFF) puso ayer en evidencia algo que era más que previsible, que el Gobierno está aislado (casi) en su defensa de la propuesta —presentada el pasado viernes— para reformar el modelo de financiación autonómica. Solo ha recabado el respaldo de Cataluña, mientras que todos los demás consejeros de Hacienda presentes expresaron en persona a la ministra, María Jesús Montero, su rechazo explícito, alegando que nace «viciado» por el pacto previo entre el Gobierno y ERC. Incluso los ejecutivos autonómicos de Asturias y Castilla-La Mancha, los dos del PSOE, se desmarcan de la propuesta de Moncloa y tampoco, al menos de momento, respaldan el nuevo esquema de financiación que tacharon de «chantaje y que, con respecto al vigente, supondría casi 21.000 millones de euros adicionales en 2027.

Lo que básicamente hizo ayer la ministra, en una reunión deliberativa y sin votación que duró unas cuatro horas, fue trasladar a los consejeros la misma información que comunicó el viernes en rueda de prensa, pero con una novedad, la de que la adscripción al nuevo modelo de financiación autonómica será voluntaria.

Esto supone que las comunidades podrán decidir libremente si aplican el nuevo modelo (que les reportaría 21.000 millones adicionales en 2027) o se quedan con el rendimiento que ofrece el vigente. Esta prerrogativa no es nueva y ya aparece en la actual Ley de Financiación aprobada en 2009.

Otra cosa es que hasta ahora no se llevara a la práctica, en parte porque el actual sistema lleva caducado once años y no se ha intentado renovar hasta ahora, aunque las opciones de que prospere esta actualización son bastante escasas, dado que se tiene que aprobarse en el Congreso y el Gobierno no dispone de los votos suficientes por el rechazo total del PP, Junts y de otras formaciones.

Por esta razón, por la incertidumbre sobre el éxito de este intento de revisar la financiación autonómica, la mayoría de los consejeros evitó también pronunciarse sobre si, en caso de ser aprobada, se acogerían al futuro modelo u optarían por seguir con el actual. «Es una pregunta trampa», sostuvo el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, cuando le preguntaron, consciente de que a la reforma le queda un largo y empinado camino por delante y que no cree que supere el trámite de las Cortes.

La ministra y vicepresidenta del Gobierno también les comunicó que se iniciará una ronda de reuniones bilaterales de carácter técnico para profundizar en un modelo que de entrada ha provocado el rechazo general, salvo el de Cataluña, por haberse negociado previamente con ERC. Tras esas reuniones con las comunidades, el Gobierno sacará a audiencia pública la ley orgánica y, posteriormente, en segunda vuelta, la volverá a aprobar el Consejo de Ministros y se remitirá al Congreso de los Diputados, donde espera contar con apoyo de la Cámara para que el nuevo modelo pueda entrar en vigor en 2027.

Para Galicia, según los datos del Ministerio de Hacienda, el sistema actualizado le reportaría 587 millones adicionales en 2027, si bien la Xunta los rebaja a 405 porque 182 ya los está gestionado en sus presupuestos autonómicos.

Los gobiernos regionales del PP advierten de que el nuevo sistema está «precocinado», definiéndolo como «modelo Junqueras», en relación con el líder de ERC, y llegaron a amenazar con acudir a la Justicia en el caso de que este planteamiento se convierta en una ley orgánica.