El Estado tiene a Marcial Dorado de okupa: espera una sentencia firme para echarlo

Marcial Dorado cumplió hace varios años su deuda penal con la sociedad por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, pero su nombre vuelve a saltar a la esfera pública con cada nueva subasta de los bienes que le decomisaron en su día. La última, en estas fechas, por la intención del Concello de A Illa de comprar el chalé familiar donde vive tras salir de prisión. Una aspiración que ha causado revuelo político incluso a nivel nacional y que está lejos de cumplirse pronto.

El Estado ha confirmado a este diario que considera al narcotraficante isleño un okupa y que lleva un lustro peleando para echarlo a él y a los familiares con los que reside en O Lagartiño. Ni siquiera ha podido acceder a la lujosa propiedad para tasarla como primer paso para ponerla la venta, como viene haciendo con las propiedades incautadas.

Fuentes del Plan Nacional sobre Drogas detallan que «el desalojo está pendiente de resolución judicial firme que así lo declare». Fue en 2023 cuando le notificaron la orden de desahucio, pero su abogado recurrió la decisión, primero por la vía administrativa y posteriormente por la judicial, interponiendo un recurso contencioso administrativo.

El Gobierno central inmatriculó e inscribió la propiedad a nombre del Estado español en 2019, «en cumplimiento de la normativa reguladora del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados», recuerdan las autoridades estos días.

Decomisos que se eternizan

El jefe de Aduanas en Galicia, Jaime Gayá, advertía en una reciente entrevista con este periódico de la acumulación de bienes decomisados pendientes de ejecución de hace más d e 15 años. «Mientras tanto, los narcotraficantes siguen disfrutando de ellos», apuntaba. En este sentido, alertaba del «efecto demoledor» que esto genera en la sociedad. «¿Cómo convencer a los jóvenes de que el narcotráfico no compensa si ven que los condenados siguen viviendo en pazos y coches de lujo?», censuraba Gayá en declaraciones a este periódico el pasado mes de diciembre.

En el caso de Dorado, la batalla judicial persiste y con ello, «la situación de okupación por parte de Marcial Dorado y su familia», señalan las mismas fuentes a preguntas de este diario, indicando también que, por tanto, «aún no se ha previsto actuación acordada alguna con respecto a la venta de la propiedad en la situación actual ni tampoco prioridad alguna con respecto a la fórmula de la venta o su comprador final».

Esto dice en relación al interés del Ayuntamiento isleño, que, en caso de obtener unas buenas condiciones, ve potencial para convertirla en un centro para mayores y jóvenes. La propiedad tiene unos 4.000 metros cuadrados de los cuales, mil están ocupados por la vivienda, una piscina, pista deportiva y jardines.

La idea no ha gustado nada a la oposición municipal, el PP, que lo ve como un «despilfarro» pues, por muy buen precio que le hagan, supondrá un importante desembolso para las arcas municipales y considera que hay otras prioridades de gasto en A Illa.

El rifirrafe pronto acaparó el foco político nacional, dada la relación de amistad mantenida en el pasado entre Dorado y el actual presidente nacional del PP y expresidente gallego, Alberto Núñez Feijóo.

Pero no sería la primera vez que su pueblo natal se queda con algunos de sus bienes decomisados, algo que para el alcalde socialista, Luis Arosa, también es una forma de acabar con un «símbolo de la impunidad» de otros tiempos.

Hace un par de semanas, el regidor firmaba la entrega oficial de los terrenos de Testos y la avenida da Ponte donde proyectan la construcción del ansiado pabellón de deportes —carecen de esta infraestructura— y 70 viviendas sociales. Todo ello por 361.000 euros que irán pagando en «cómodos plazos» durante los próximos siete años.

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