El ingreso no voluntario en residencias sube un 8,5% hasta 6.789 gallegos

Cuando Begoña (nombre ficticio) empezó a mostrar los primeros síntomas de demencia, su hija convirtió el día a día en un sudoku. Peluquera autónoma, encajaba turnos, citas médicas y cambios de medicación psiquiátrica —de fondo, un trastorno bipolar— hasta que la casa dejó de ser un lugar seguro. El ingreso en una residencia de Vigo, al que Begoña se negaba, llegó por la vía más dura: un procedimiento judicial de internamiento no voluntario.

Historias como la suya ayudan a explicar por qué esta figura se consolida como la puerta de entrada dominante del sistema judicial en materia de discapacidad en Galicia. En solo un año, los internamientos no voluntarios pasaron de 6.257 en 2023 a 6.789 en 2024: 532 casos más, un 8,5% que rompe la aparente meseta de ejercicios anteriores y empuja al alza una práctica que ya se había normalizado.

El mapa territorial del aumento señala a los grandes polos. Pontevedra concentra el mayor volumen, con 2.489 internamientos en 2024 (2.241 en 2023), un 36,7% del total gallego: más de uno de cada tres ingresos. A Coruña le sigue con 2.110 (31,1%). Entre ambas provincias suman cerca de dos tercios de los internamientos. Lugo, con 991, es la que más acelera en términos relativos: crece un 15,6% en un año, el mayor salto porcentual de Galicia. Ourense rompe la simetría: en un ejercicio de subida general, apenas varía y baja levemente, de 1.207 a 1.199.

Pero el dato más revelador es estructural. En 2024, la Fiscalía de Galicia contabiliza 14.376 procedimientos vinculados a discapacidad (internamientos, medidas cautelares, revisiones, provisión de apoyos y otros). Los 6.789 internamientos representan el 47,2% de esa actividad: casi uno de cada dos expedientes. Traducido: el sistema entra, sobre todo, por la decisión de ingresar o mantener a una persona en una residencia o en un centro sociosanitario; una medida que afecta a la libertad ambulatoria y por eso exige supervisión judicial. Solo los internamientos generaron 15.997 dictámenes fiscales en 2024, un goteo que tensiona juzgados de guardia y fiscalías con expedientes.

¿Qué está empujando la cifra? En Galicia confluyen envejecimiento extremo y deterioro cognitivo, una red familiar cada vez más frágil —menos cuidadores disponibles por persona dependiente— y recursos comunitarios y residenciales que no siempre llegan a tiempo. A ello se suma el nuevo marco de la Ley 8/2021, que sustituyó la tutela clásica por medidas de apoyo más ajustadas y, en la práctica, multiplica actuaciones: 2.121 revisiones y 2.319 provisiones de apoyo en 2024. Conviene, además, leer el dato con matices. El epígrafe de «internamientos» que utiliza la estadística de la Fiscalía agrupa ingresos psiquiátricos y geriátricos y no distingue entre los realizados «en contra» o «sin» voluntad de la persona. El juez de Familia de Vigo Tomás López lo explicaba en estos términos: «se sigue aplicando igual; si un mayor no se puede gobernar, no hay otra herramienta» para autorizar el internamiento en un geriátrico.

Cuidadores sobrecargados, una ‘generación sándwich’ que trabaja y atiende a padres e hijos

La asesora jurídica de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer e outras Demencias de Galicia (Afaga) en Vigo, Rosa Poveda, sitúa el crecimiento de internamientos no voluntarios: «cuando el deterioro cognitivo progresa, el domicilio deja de ser seguro y los cuidados exigen disponibilidad permanente, la voluntad choca con la realidad». En Afaga escuchan a menudo el mismo deseo: «quiero morir en mi casa», pero la enfermedad avanza, las relaciones familiares se tensan y ese deseo se frustra. Poveda describe un perfil recurrente: la «generación sándwich», sobre todo mujeres que cuidan de sus padres y, a la vez, mantienen empleo, menores y gestiones administrativas. «Están sobrepasadas». En ese contexto, el procedimiento actúa como válvula: desplaza la responsabilidad al juzgado y aporta cobertura legal a ingresos urgentes cuando faltan dispositivos comunitarios o la convivencia se vuelve inviable. Su receta para los mayores es anticiparse: otorgar un poder notarial en fases iniciales y dejar por escrito quién asumirá decisiones y preferencias —incluido «no quiero ir a una residencia»—, además de directrices para autorizaciones sanitarias. La responsable de la Fundación Sálvora, Lola Santana, contextualiza este hecho desde los 35 años que llevan acompañando a personas con discapacidad intelectual, con medidas de apoyo. Muchas de ellas residen en centros sociosanitarios. «Ejercemos las curatelas [lo que antes se conocía como custodia] o medidas que nos encomienda el juzgado o las personas que acuden voluntariamente». En 2025 atendieron a 69 personas y, según Santana, también observan que cada vez más familias dejan prevista la curatela de sus familiares a favor de la Fundación en su testamento.

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