«El turno de oficio es cada vez menos atractivo: lo sostenemos con nuestros ingresos y patrimonio»

La Ley de Eficiencia de la Justicia prometía reducir la carga de trabajo. ¿Qué mejoras ha percibido?

Ninguna. La nueva ley crea tres secciones: común general, tramitación y ejecución. Los juzgados siguen siendo los mismos, con los mismos jueces, pero se redistribuyen funciones. El cambio genera temor, sobre todo entre los funcionarios, que no saben dónde estarán ni qué funciones tendrán. Hasta ahora solo ejecutaban asuntos de su juzgado; ahora deberán ejecutar los de todos, y para eso necesitan que el programa informático se actualice, cosa que aún no se ha producido. Es un cambio de roles y permisos, pero no la gran reforma que se anuncia.

¿Cree que se mejorará la rapidez de respuesta?

Supongo que esa era la intención, pero no se está notando. En Ferrol, por ejemplo, se implantó en enero y aún están organizándose. Donde más afectará quizá será en la tramitación y ejecución; el resto debería funcionar igual. En este momento hay caos en algunas secciones.

¿Los medios tecnológicos acompañan esta reorganización?

No tienen acceso todos los que se van a hacer cargo. Esto se hace paulatinamente con un número limitado de acceso por motivos técnicos. Y los programas antiguo y nuevo se están solapando y no permiten su acceso a antiguas funciones al mismo tiempo.

¿Ha sido una modernización improvisada? ¿No se escuchó a todos los sectores?

Cuando se hace una ley debería consultarse a jueces, fiscales, letrados, funcionarios, abogados, procuradores… Aquí no se hizo. Lo que me dicen es que había fondos europeos y había que gastarlos para no perderlos. Resulta curioso, pero ningún partido protestó.

¿Cómo afectará esta reforma a la ciudadanía rural?

Los antiguos juzgados de paz serán oficinas de justicia y colaborarán con los juzgados de instancia. Podrán acoger declaraciones telemáticas, pero para eso necesitan equipos de vídeo, grabación y formación. Hoy no disponen de esos medios.

La ley obliga a intentar un acuerdo previo antes de litigar. ¿Es una solución real o un filtro encubierto para reducir demandas a costa de los ciudadanos?

Creo que lo que se busca son números. Los MASC —métodos adecuados de solución de controversias— ya se venían usando: conciliación, mediación… Los abogados siempre intentamos acuerdos. En familia, para casos de divorcio, por ejemplo, la mayoría de demandas ya se presentan con pactos previos. Pero hacerlo obligatorio no tiene sentido. En un desahucio de un local por impago, ¿qué acuerdo puede haber? ‘Quiero que me pague las rentas que debe y que me devuelva el local’. Es lo que se busca. Es innecesario imponer ese acuerdo previo, que sea voluntario sí, obligatorio no.

¿Reducirá la litigiosidad esa negociación previa para evitar la demanda?

No. Ya se hacía mediación antes. Lo único que pasará es que estaremos meses mediando para, al final, volver al litigio si no hay acuerdo.

¿Qué órganos están más saturados en Galicia?

Los juzgados de lo social son los más retrasados. Hay señalamientos a dos años. Eso es una barbaridad. También hay retrasos en alguna sección de la Audiencia Provincial.

¿Litigamos demasiado en Galicia? ¿O faltan medios?

No veo más litigiosidad que en otras comunidades. El acceso a la Justicia gratuita influye: al ser gratuita, hay quien la usa más. La ley se ha ido ampliando a más colectivos —víctimas de violencia, menores, incapaces, delitos sexuales, trata— y eso incrementa la litigiosidad.

¿Es necesaria una reforma de la Justicia gratuita?

Sí. La reforma está pendiente en el Congreso y nadie sabe cómo quedará. Habría que revisar el acceso: no solo para quienes carecen de recursos, sino para evitar que se utilice en exceso. La ampliación continua de colectivos beneficiarios, como apuntaba, también aumenta la litigiosidad.

En diciembre hubo un plante del turno de oficio. ¿Qué medidas prevén ahora?

No descartamos ninguna. Estamos consultando a los colegiados para decidir las acciones más coherentes. Cada colegio reunirá a los abogados del turno para explicar la situación y valorar opciones. No está parado.

¿Tomarán medidas de presión si la Xunta no revisa los baremos?

Por supuesto. Todo es negociable, pero si una parte no se mueve, habrá que actuar. La decisión será de la mayoría y deberá ser uniforme.

Si no se actualizan esos baremos y no se revisan al alza, y si no se limita ese acceso cada vez más amplio a la justicia gratuita, ¿corre el riesgo de que el servicio se preste sin la calidad que debiera?

Los recursos que aportan las administraciones son insuficientes y no se corresponden con las exigencias reales del servicio. Es una regulación impuesta por la ley, no por los colegios ni por los profesionales. Estamos sosteniendo el servicio con nuestro patrimonio e ingresos. El turno de oficio es un pilar del acceso a la Justicia y debe contar con financiación suficiente, estable y que reconozca al profesional para poder responder. Habrá nuevos movimientos, pero siempre queremos dar el servicio con la mejor calidad posible, y eso exige unas retribuciones mínimas.

¿Se está produciendo una fuga de profesionales del turno de oficio? ¿Cuántos hay a día de hoy?

Ahora mismo hay unos 3.500 abogados en el turno de oficio. No veo una fuga. Lo que sí ocurre es que es una profesión cada vez menos atractiva: muchos prefieren un puesto estable y con ingresos estables. En Ferrol, por ejemplo, antes era obligatorio estar en los turnos civil y penal; este año se han separado las listas y ha habido pocas bajas —diez en penal y seis o cuatro en civil— y también nuevas incorporaciones de profesionales que no estaban en el turno y se han dado de alta.

¿Galicia necesita nuevos juzgados exclusivos para los casos de violencia de género o basta con la especialización prevista en la reforma?

Creo que tiene que haber juzgados específicos de violencia de género. En Ferrol no hay uno específico y lo lleva un juzgado de instrucción que además asumirá delitos sexuales y trata. Eso provoca que, dentro del trabajo diario, cuando aparece un asunto de violencia —que es preferente— se suspenda todo lo demás. Toda la maquinaria preparada para celebrar juicios queda sin efecto. En cuanto a los juzgados comarcales, estamos totalmente en contra. Por ejemplo, el de Santiago lleva también Ribeira. Eso obliga a que la víctima tenga que desplazarse. Nosotros queremos acercar la Justicia al ciudadano, no alejarla.

¿Cómo está afectando el incremento de denuncias de violencia de género a la carga de trabajo de los juzgados?

A más trabajo, más necesidad de medios. Claro que se nota.

¿Comparte la preocupación de que concentrar juzgados de violencia de género puede alejar a las víctimas de la justicia?

Sí, por supuesto. En Galicia hay mucha dispersión de población. No puede ser que una víctima tenga que desplazarse de Ribeira a Santiago o de Muros a A Coruña. Aunque digan que habrá un servicio de taxi, en los pueblos todos se conocen y eso puede generar problemas. Imagínese que el taxista es familiar del presunto agresor. Insisto, la Justicia hay que acercarla al ciudadano.

En cuanto a violencia vicaria y violencia económica, ¿qué avances se están produciendo?

En Galicia se reconocieron tardíamente, pero fuimos de los primeros en contemplarlas como violencia de género. Hay mayor sensibilidad institucional ante estas formas de violencia, antes más invisibilizadas. Se está incorporando formación a profesionales y protocolos de actuación. Aun así, es necesario avanzar en detección total y en una respuesta coordinada entre justicia, servicios sociales y seguridad. Se está avanzando, pero queda mucho por hacer.

¿Comparte la visión de que la Ley de Eficiencia está generando inseguridad jurídica en profesionales y ciudadanos?

Todas las reformas generan incertidumbre, sobre todo si no hay criterios claros y homogéneos. No puede ser que se editen normas que no sean claras y permitan interpretaciones distintas. Las normas deben ser comprensibles para todos y aplicarse de forma uniforme. Ahora cada uno hace su interpretación y eso genera inseguridad jurídica.

¿Qué consecuencias puede tener para abogados, autónomos y pymes que España figure entre los países con mayor inseguridad jurídica?

Si hay inseguridad jurídica, hay preocupación. Y si hay preocupación, se intenta evitar el problema. Si en un juzgado se hace de una manera y en otro de otra, genera rechazo y no sabes cómo actuar. Esa inseguridad afecta al día a día.

¿Qué riesgos éticos implica la inteligencia artificial para la abogacía, la judicatura y la magistratura? ¿Es una herramienta útil o una bomba de relojería jurídica?

El principal riesgo es confiar ciegamente en la herramienta. La IA comete errores. Puede asistir tecnológicamente, pero no debe sustituir funciones profesionales. Si un abogado no revisa lo que genera la IA, puede presentar información incorrecta, con las consecuencias que eso tiene. Ya se han producido casos y están llegando denuncias. El último, el del juez denunciado porque el fiscal usó IA para su escrito y contenía datos erróneos que el juez reprodujo.

¿Puede la sobrecarga de trabajo llevar a usar la IA sin revisar, como ha ocurrido en casos recientes?

Sí. He visto casos concretos: un abogado pidió un modelo de reclamación de legítima y la IA le dio un texto basado en el Código Civil español, cuando en Galicia rige el derecho civil gallego. Hay que comprobarlo siempre. La IA es una ayuda, no un sustituto del criterio profesional.

¿Qué ocurre con el secreto profesional al usar IA?

No se puede dar a la IA información sensible de un cliente. No se pueden adjuntar documentos con datos personales. La respuesta queda ahí y podría aparecer en la consulta de otro profesional. Hay que respetar la confidencialidad y verificar el contenido.

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