El Constitucional paraliza el plan de la Xunta para agilizar la discapacidad

Duro golpe a la estrategia de la Xunta para agilizar la dependencia y la discapacidad. El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el plan de choque impulsado el pasado año por el Ejecutivo gallego y que facilitaba que los dependientes obtuvieran automáticamente el reconocimiento de discapacidad. La resolución obliga a dejar en suspenso esta homologación automática, de la que se beneficiaron en 2025 un total de 12.626 gallegos, lo que de forma indirecta aumentará el volumen de tramitación de expedientes de los equipos de la Consellería de Política Social y podría ralentizar también la atención de los dependientes.

El Gobierno presentó en septiembre del pasado año un recurso contra dos artículos de la ley gallega de medidas fiscales y administrativas del año 2024 que atañen precisamente a la homologación automática de la discapacidad a personas que ya tuvieran reconocida la dependencia. La intención de la Xunta era facilitar que los dependientes de grado I obtuvieran directamente una invalidez del 33 por ciento, los de grado II consiguieran el 66 por ciento y los de grado III, el 100 por cien sin necesidad de iniciar desde cero la tramitación de la discapacidad. El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que este plan de la Xunta invade competencias estatales en materia de Seguridad Social e Igualdad. Y el Tribunal Constitucional, no solo ha admitido a trámite su recurso, sino que ha paralizado su aplicación al considerar que «vulnera competencias exclusivas del Estado». Aunque la resolución del TC establece como fecha de entrada en vigor de la suspensión el 30 de septiembre de 2025, desde la Consellería de Política Social aclaran que no tendrá efectos retroactivos ni afectará a quienes ya hayan obtenido la discapacidad mediante esta homologación automática.

Reacción de la Xunta

«Quieren boicotear el plan de choque de la Xunta que lleva funcionando desde hace un año», lamentó ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, quien recordó que gracias a esta iniciativa en 2025 tramitaron más de 86.300 expedientes de dependencia y discapacidad. «Lamentamos profundamente que nos ponga palos en las ruedas. Queremos resolver expedientes lo antes posible y que la gente espere menos tiempo», insistió.

El plan de choque de la Xunta incluía, además de las homologaciones automáticas de la discapacidad, otras medidas como la reducción del papeleo. Así, en las valoraciones de los dependientes se eliminaron el informe médico y la evaluación social. Se simplificó la tramitación de manera que ahora basta con presentar la solicitud ante los servicios municipales, donde se deja constancia de su situación social y familiar. Además, son los propios técnicos los que recaban el historial clínico del solicitante. La resolución del Constitucional no afectará a esta medida: no habrá que presentar más documentos tras paralizarse el plan de choque.

Recaudación

Desde la Consellería de Política Social creen que detrás del recurso presentado por el Gobierno está la pérdida de ingresos tributarios por las bonificaciones sociales de las que disfrutan las personas con discapacidad. El reconocimiento de una minusvalía conlleva rebajas fiscales en IRPF, IVA y otros impuestos. En Galicia el proceso de homologación automática permitió elevar el número de personas beneficiarias en 12.626 en solo en un año. Según los cálculos de la Xunta, esto supone de media 9.000 euros por persona, lo que supone que el Estado ha dejado de recaudar 114 millones de euros en 2025. Y si no se hubiera paralizado el plan de choque en 2026, Política Social podría haber reconocido la discapacidad a otras 12.600 personas.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional desestimó ayer el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Xunta contra la ley de amnistía al procés, al entender que sus alegaciones son las mismas que las realizadas por otras comunidades autónomas presididas por el PP y a su vez rechazadas.

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