Siete autonomías denunciarán al Gobierno en Europa por el lobo

El lobo es, desde hace ya tiempo, un tema central del debate político nacional y autonómico. Y también objeto de conflicto entre las comunidades del PP —sobre todo— y el Gobierno central. Los responsables de Medio Ambiente de las autonomías loberas mantuvieron ayer un encuentro en Santander en el que, entre otras acciones, urgieron al Ministerio para la Transición Ecológica a convocar una mesa sectorial específica y a que el lobo continúe fuera del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lesrpe) y se pueda cazar. Además, anunciaron que denunciarán al Gobierno en Europa por los incumplimientos con esta especie.

«No queremos acabar con el lobo, queremos convivir adecuadamente con él», señaló la titular de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria, María Jesús Susinos, quien habló en nombre de todas las comunidades asistentes. En el encuentro estuvieron presentes la conselleira de Medio Ambiente gallega, Ángeles Vázquez, y sus homólogos en Castilla y León, el País Vasco, La Rioja, Madrid y Aragón.

La hoja de ruta acordada cuenta con varios puntos. En primer lugar, las comunidades loberas exigen que el Gobierno central «cumpla con sus obligaciones con la Unión Europea», en lo referido a los informes que, cada seis años, debe remitir a las autoridades comunitarias. «Tenían que haber sido enviados antes del 31 de julio de 2025. El ministerio ni los ha enviado ni ha dado explicaciones», declaró Susinos, al tiempo que explicó que el último análisis remitido es del periodo 2013-2018.

Por ello, presentarán «una denuncia formal a la Comisión Europea por incumplimiento del derecho comunitario por parte del Gobierno español». «Los resultados de los análisis de todas las comunidades loberas indican una clara tendencia favorable de la población del lobo. Esto pone en cuestión la postura defendida por los grupos ecologistas y respaldada por el ministerio de que el lobo se encuentra en un estado desfavorable», alegó Susinos.

Desde Transición Ecológica se replicó que la no remisión del informe responde «exclusivamente a criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica», dado que en su estado actual «no ofrece todavía una base científica solvente», ya que en los últimos meses ha habido cambios sustanciales en las poblaciones de lobo por la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades como por las muertes derivadas de los grandes incendios forestales.

El documento se refiere también al recurso de inconstitucionalidad contra tres disposiciones introducidas por el PP en la ley de desperdicio alimentario —que permitieron sacar al lobo del Lesrpe— interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. «La mayoría ya nos hemos personado del lado de la parte demandada. Galicia lo va a hacer en breve», aseguró.

En un comunicado enviado a los medios, la conselleira Ángeles Vázquez destacó «la sintonía» entre las comunidades participantes y recordó que la normativa que supuso la salida del lobo del Lesrpe «fue aprobada por mayoría en el Congreso de los Diputados, cumpliendo en todo momento la legislación vigente en este tipo de procedimientos».

Las comunidades loberas reclaman, además, una conferencia sectorial específica, así como que «se transfieran a las comunidades autónomas los fondos de la Estrategia Nacional de Conservación».

El documento firmado por las siete comunidades presentes en Santander cuenta, además, con el respaldo de Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Baleares y Extremadura. Asturias plantó porque considerar el acto electoral.

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