La Xunta urge a Puente las alegaciones a la UE por la AP-9 o acudirá al juzgado

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, dio este lunes un plazo de un mes al Gobierno central para remitir a la Administración autonómica toda la documentación relativa al procedimiento de infracción que la Comisión Europea (CE) mantiene abierto por la prórroga de la concesión de la AP-9. De no recibirla, advirtió, el Ejecutivo gallego acudirá a los tribunales con un recurso contencioso-administrativo por la falta de respuesta del Ministerio de Transportes.

Rueda recordó que hace más de tres meses que la Xunta pidió al Ministerio de Transportes —que pilota Óscar Puente— que le facilitase la documentación enviada por la Comisión, que considera ilegal la prórroga autorizada en su día por el Ejecutivo central cuando lo presidía el popular José María Aznar; así como la respuesta del propio Gobierno español a Europa.

«No tuvimos ningún tipo de respuesta, volvimos a insistir y hoy acordamos dar un plazo. Si en el plazo de un mes no se nos aporta lo solicitado, emprenderemos acciones judiciales y entablaremos un recurso contencioso administrativo por esta falta de respuesta del Gobierno central», advirtió Rueda.

El presidente gallego incidió en que el Parlamento acordó «por unanimidad» que lo más favorable, aprovechando la coyuntura europea, era el «rescate» y posterior transferencia de la titularidad de esta infraestructura estratégica para Galicia. «Es la mejor, la única solución», insistió Rueda, quien lamentó que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez se haya manifestado hasta ahora en sentido «negativo» y que, mientras se efectúan rebajas de peajes en otros puntos de España, en la AP-9 sigan al alza cada nuevo ejercicio.

El ultimátum de San Caetano llega con el caso ya muy maduro en Bruselas. La investigación comunitaria tiene un origen concreto: la denuncia presentada por la asociación de consumidores En-Colectivo el 9 de julio de 2019, que apuntaba a las prórrogas aprobadas por los gobiernos de Felipe González (1994) y Aznar (2000) como contrarias a la normativa europea al extender la concesión sin concurrencia pública.

El salto decisivo se produjo el 17 de julio de 2025, cuando la Comisión envió un dictamen motivado, un «ultimátum» que abre la puerta a llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE si el Estado no corrige las irregularidades. En ese dictamen, Bruselas insistió en que las prórrogas constituyen «modificaciones sustanciales» equiparables a nuevos contratos que exigen licitación competitiva y dio un plazo de dos meses para responder y actuar.

Tras el dictamen comunitario, el Gobierno español defendió que el procedimiento aún no estaba cerrado y optó por agotar vías legales. En septiembre de 2025, el Ministerio de Transportes trasladó públicamente que había enviado una respuesta a la Comisión y que pretendía «agotar» las opciones antes de asumir una anulación de la prórroga.

Con ese contexto de fondo, Rueda sostiene ahora que la Xunta necesita conocer qué documentación ha remitido Bruselas y cómo ha contestado España, al considerar que la información es clave para fijar posición en un momento en el que la vía europea ha reactivado el debate político sobre el futuro de la autopista. Su aviso —un mes y, si no, juzgado— añade un nuevo capítulo a un caso que, tras arrancar por iniciativa social, ha escalado hasta convertirse en uno de los frentes más delicados entre Galicia, Madrid y Bruselas.

Suscríbete para seguir leyendo