Los contratos públicos acaparan las multas por fraudes en la competencia

A finales del pasado año una veintena de empresas vinculadas a Monbus y Alsa fueron sancionadas con casi 1,6 millones de euros por falsear la competencia para lograr la adjudicación de cinco lotes de transporte regular de viajeros de la Xunta. Pero no es un caso aislado. Los contratos públicos acaparan cada vez más multas por parte de la Comisión Galega de Competencia (CGC). Las licitaciones de las administraciones son un bocado muy goloso para las empresas y para hacerse con él intentan hacer trampas «con sistemas de actuación cada vez más complejos, sofisticados y más difíciles de detectar y sancionar», según advierte el organismo regulador gallego en su última memoria.

Así, casi el 60% de las multas tramitadas son por infracciones de las normas de competencia en una contratación pública. «Es cada vez mayor el peso de los expedientes sancionadores tramitados por las autoridades autonómicas de Competencia vinculados con las licitaciones de las administraciones», advierte este organismo.

En seis años se impusieron un total de 22 multas a empresas por infracciones en los concursos convocados por el sector público en Galicia. Si en 2019 fue solo uno, el 10 por ciento de todas las multas impuestas. En 2024 ascendieron a un total de seis, el 55 por ciento de los procedimientos abiertos, según los datos facilitados por la Consellería de Emprego.

No es algo particular de Galicia. En Cataluña ocurre algo similar, pues los expedientes sancionadores relacionados con contratos públicos son el 62 por ciento. Sin embargo, como contraste en Andalucía únicamente representan el 25 por ciento de las multas impuestas a empresas.

La razón de estas prácticas es el jugoso pastel que representan las contrataciones públicas. «Las licitaciones alcanzan cifras que superan el 10 por ciento del PIB nacional y generan un mercado en el que las empresas privadas compiten por ser adjudicatarias de los bienes, obras o servicios que el sector público demanda», advierte la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por esa razón, la labor del organismo regulador gallego es fundamental. La competencia entre empresas es necesaria para incentivarlas a innovar y a ofrecer bienes y servicios de mayor calidad, pero con menores precios «lo que implicará una mejora en la eficiencia del gasto público y en la función social que deben prestar las administraciones públicas», en palabras de la Comisión Galega da Competencia.

En este sentido, advierten que «el perjuicio por la falta de tensión competitiva» en las licitaciones debido a que las empresas llegan a acuerdos para concurrir a esa licitación termina provocando «un daño» tanto a la propia administración pública como a los usuarios que se beneficiarían de mejores ofertas de bienes y servicios si hubiera una competencia real.

De ahí que sea fundamental perseguir las «subastas fraudulentas», aunque al organismo regulador gallego le cuesta cada vez más detectarlas porque las estrategias de las empresas para saltarse la ley son ahora más sofisticadas. La CGC advierte que persiguen, en concreto, conductas que constituyan un acto de competencia desleal, que falseen la libre competencia o afecten al interés público.

El caso más reciente de infracción a la competencia en una contratación pública afectó al transporte regular de viajeros por carretera que licitó la Xunta en 2020. Un total de 21 empresas vinculadas a Monbús y Alsa fueron sancionadas por concurrir juntas a la licitación de cinco lotes presentando ofertas coordinadas, pese a contar con la solvencia suficiente para presentarse por separado.

En 2025 también se resolvió un expediente relacionado con un contrato para realizar un servicio de formación del Servicio Municipal de Empleo del Concello de A Coruña. Competencia determinó que dos de las empresas participantes incurrieron en «una actuación coordinada y que no actuaron de forma autónoma e independiente en la referida licitación».

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