Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo: «Más de 80% de las respuestas a nuestras resoluciones son positivas»
A finales de enero, el Parlamento aprobó por unanimidad la candidatura de Fernández Galiño para continuar como Valedora do Pobo, al cargo de una institución que, recuerda, cumple una labor de prevención y supervisión de las administraciones

Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo. / Xoan Álvarez / FDV
Noela Vázquez Dosil
Por empezar por el principio, ¿cómo explicaría a la ciudadanía cuál es la impronta de la institución y el margen que tiene para cambiar las cosas?
Es una institución que empodera a la ciudadanía a la hora de poder formular una reclamación eficaz, sin costes, sin muchos trámites y sin necesidad de un abogado contra una actuación de la administración que consideran que está lesionando sus derechos. Tiene un aspecto de prevención y de supervisión de la actuación de la administración, y para el ciudadano forma parte del ejercicio de derecho. Más del 80% de las respuestas que recibimos a nuestras resoluciones son positivas y la fuerza proviene, precisamente, de esa interrelación entre la queja, la actuación y la colaboración.
¿Cómo valora que la Comisión de Peticiones del Parlamento la haya propuesto para continuar otros cinco años?
El apoyo del Parlamento para la institución de la Valedora do Pobo es muy importante, porque somos comisionados en la Cámara. Pero no es un apoyo gratuito, es bastante exigente. Es un apoyo que se va trasladando a medida que presentamos los informes de actuaciones anuales, donde, con total transparencia, se intenta recoger toda la actividad de la institución en ese año. Y la institución se apoya en dos pilares fundamentales, por un lado la confianza de la ciudadanía, y por el otro, del Parlamento.
De renovar el mandato, ¿cuál será su hoja de ruta?
Si finalmente salgo nombrada, mi compromiso es seguir trabajando con responsabilidad, con ilusión y con profesionalidad. Cuando comparecí en 2019, presenté un decálogo de actuaciones que reforzaba también el compromiso con la cultura y la lengua gallega, e incidía en la violencia de género, en luchar contra el acoso dentro de las instituciones y en proteger a las personas con discapacidad, los colectivos vulnerables, combatir la discriminación, la pobreza… Renuevo ese compromiso con los derechos humanos, adaptándonos también a las nuevas situaciones, los nuevos riesgos de la inteligencia artificial, los sesgos que pueden estar discriminando desde el propio algoritmo, los programas de reconocimiento facial y la vulneración que pueden suponer de los derechos de la intimidad y la propia imagen, o incluso utilizar tu propio cuerpo, suplantando tu identidad.
Desde que asumió el puesto de Valedora en 2019 ¿cómo han cambiado las preocupaciones de los gallegos?
Nosotros llegamos en agosto de 2019, y en marzo ya nos confinaron, entonces en el año 2020 y en el 2021, que siguieron las secuelas de la pandemia. Estas situaciones producen un nuevo tipo de queja. Podríamos hablar de la educación de la obligatoriedad del uso de las mascarillas, la libertad de deambulación, el acompañamiento en las visitas médicas, la muerte en soledad… En este sentido es una institución a la que las quejas llegan con mucha inmediatez.
¿Qué es lo que más preocupa a la población hoy en día?
Las áreas que tienen los servicios más demandados son, evidentemente, sanidad, educación e inclusión. Sanidad además tiene la particularidad de que es un servicio universal que afecta a todas las personas desde que nacen hasta que mueren, incluidos, muchas veces, esos dos procesos, entonces nos llegan más casos.
Sobre la dependencia y la discapacidad, se nota que el plan de choque de la Xunta redujese la preocupación entre la ciudadanía?
Por los datos que tenemos a raíz de una investigación que abrimos el año pasado y que fuimos actualizando, la posibilidad de vincular la dependencia al reconocimiento automático de la discapacidad resultó en más de 12.000 reconocimientos. Y también se adoptaron otras medidas, como la simplificación del procedimiento, el refuerzo de los equipos o establecer la comparecencia personal solo en los casos en los que se considere necesario. Todo esto sí que determina que se acortaron los plazos en dependencia en dos meses.
Otra cuestión preocupante es el acoso escolar, ¿son suficientes los protocolos?
Como la persona acosada es menor de edad y el acoso se produce en un ámbito como el escolar, que tiene que percibirse como seguro, son casos muy complejos que estudiamos a fondo, y las propuestas se hacen siempre en base a lo que conocemos. El año pasado propusimos que se tuviesen en cuenta informes externos, sobre todo cuando vienen del pediatra o del psiquiatra, para dejar constancia de la afectación a la víctima; o que en la tramitación de los procedimientos no se revictimice a la persona acosada, y si la víctima se cambia de centro antes de que concluya el expediente de acoso, se tenga en cuenta esa circunstancia a modo de justicia restaurativa o de reparación y no se paralice la investigación, pudiendo incluso llegar a formular una disculpa.
El fin de semana una vecina de Mos fue asesinada a manos de su expareja. ¿En lo referido a la violencia machista, desde que ocupa el cargo, ha cambiado su diagnóstico de la situación en Galicia?
Sí, María Belén. El 2026 no ha dado tregua, es terrible. El tema de los feminicidios hay que abordarlo desde todas partes, como sociedad y desde el punto de vista institucional. Y mientras sigan muriendo mujeres, hayan denunciado previamente o no, no podemos decir que hayamos mejorado, ni tampoco empeorado. Mientras haya mujeres asesinadas, tenemos que seguir trabajando, y cuestionarlo todo permanentemente para mejorarlo. Cuando una mujer con una orden de protección en vigor es asesinada, hay que ver por qué ocurre, aunque seguro que ya se está haciendo.
Para finalizar, siempre destaca la buena colaboración con las administraciones, tanto a nivel municipal como autonómico, pero ¿hay algún aspecto en el que sea más difícil llegar a consenso, quizás por la falta de medios?
Alcanzamos el año pasado los 5.500 asuntos, lo que supone pedir a las administraciones más de 5.000 informes, a veces se pide ampliación, se les manda la recomendación… Si funciona es porque las administraciones también colaboran y eso es fundamental. Colaboran cuando nos mandan los informes y cuando les trasladamos una propuesta a la hora de decir si la aceptan o no y si la ejecutan, y también en muchos casos reevalúan la situación y solucionan el problema antes de llegar a este punto. Hay veces que sí apelan a la falta de medios, a que tienen personal de baja…, y nosotros también trasladamos que hay que responder a las cuestiones que plantean los ciudadanos y que no es una justificación.
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