Las licencias de VTC casi se duplican en un año: ya hay una por cada cinco taxis

En plena controversia sobre la legalidad de la actividad de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que operan a través de aplicaciones como Uber, Bolt o Cabify y que tienen cada vez mayor presencia en las ciudades gallegas, las licencias de este tipo de servicios se han disparado: solo en el último año prácticamente se han duplicado. Si en enero de 2025 había registrados 413 en la comunidad, este mes ya suman 755, lo que significa que ya hay un VTC por cada cinco taxistas.

Y, mientras, las licencias de taxi llevan tres años prácticamente congeladas e incluso se redujeron si se compara con el año 2022. Así, en cuatro años hay 167 permisos menos de taxi pero 443 VTC más. El empuje de las plataformas tipo Uber, Cabify o Bolt está arrinconando al sector del taxi, que los acusa de "competencia desleal".

Y esto sucede en un contexto de cierta ambigüedad jurídica y de sospechas de que estos vehículos de alquiler con conductor se saltan las normas. La ley autonómica solo permite que estos servicios se presten en trayectos interurbanos —entre concellos diferentes— y siempre que se reserven con antelación.

Sin embargo, en la práctica están realizando ya trayectos urbanos dentro de las ciudades, donde los taxistas han montado en cólera mientras los gobiernos municipales intentan ponerles freno sin mucho éxito de momento. De hecho, los concellos de A Coruña y Santiago, junto a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), trasladaron a la Xunta que abriese una mesa de negociación para revisar la normativa autonómica y que regulase también los trayectos urbanos que pueden realizar estos vehículos, al igual que la legislación de la que disponen otras comunidades como Madrid. Sin embargo, el Ejecutivo gallego rechazó esta posibilidad y dejó en manos de cada concello que gestione las VTCs dentro de su término municipal.

Ratio 1/30

Desde el Gobierno central también se intentó poner coto a las VTC para proteger al sector del taxi e introdujo un tope a la proliferación de estos vehículos: no se debería superar la ratio de 1 coche de alquiler con conductor por cada 30 taxis. La relación se introdujo por primera vez en 1987, hasta que en el año 2009 se liberalizó el sector. En noviembre de 2015 se aprobó el decreto que volvía a establecer la limitación de un vehículo por cada 30 taxis. Sin embargo, en 2023 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró que esta limitación vulneraba las normas europeas. 

Esta ratio ahora está ampliamente superada. Según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en Galicia ya hay un VTC por cada cinco taxis. Aun así, la comunidad gallega es la cuarta que tiene una menor proporción de vehículos de este tipo en relación a los taxis. Solo en Aragón (con una ratio de 7,8), Castilla y León (5,8) y País Vasco (4,8) tienen menos peso estas plataformas tipo Uber, Cabify o Bolt.

Por el contrario, hay comunidades como La Rioja donde ya hay más VTC que taxis. Mientras, en Madrid hay registrado uno de estos vehículos por cada 1,6 taxis, cifra similar a la de Navarra o Castilla-La Mancha, donde también están copando cada vez más el mercado. La única comunidad donde no operan aún estas plataformas es Canarias.

Por provincias es A Coruña la que concentra el mayor número de licencias de VTC. Suman ya 590. De hecho, la ciudad herculina fue una de las primeras donde se implantó Cabify. En la provincia de Lugo hay registrados otros 65 vehículos de este tipo, en Pontevedra son 62 y en Ourense solo 38.

A finales del pasado año la Xunta avanzó que había remitido casi 250 actas de infracción a los ayuntamientos por servicios urbanos realizados mediante este tipo de transporte privado. En Galicia, las actas se notificaron principalmente a Santiago de Compostela (116) y A Coruña (112), y en menor medida a Vigo (17) y Culleredo (2). Cuando se detectan infracciones urbanas, los informes se remiten a los concellos, responsables de sancionar. La mayoría de las actas provienen de inspecciones de la Dirección Xeral de Mobilidade y de la Guardia Civil, cumpliendo la normativa autonómica y estatal. En Vigo el Concello ha llevado a los tribunales ya a varios conductores de VTC que pese a multarlos siguen operando.

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