Médicos y sindicatos alertan a Sanidade: la reforma integral de Primaria será «limitada» si no trae más plantillas

Los médicos de Atención Primaria ponen el foco en el «factor plantilla» ante la reforma «en profundidad» que la Consellería de Sanidade quiere activar antes del verano.

El presidente en Galicia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Keith Albert Foo, valora que la Administración «reconozca por fin de forma explícita la necesidad de actuar sobre el modelo» y celebra que se abran «espacios de diálogo profesional y negociador», pero advierte de que el plan puede quedarse en resultados «limitados o marginales» si se reduce a reorganizar agendas y tiempos sin incorporar más sanitarios. «Adaptar el número de consultas y los tiempos puede ayudar a humanizar y mejorar la calidad, pero no toca el núcleo del problema si no se refuerzan recursos humanos y la capacidad de decisión de los equipos», subraya. Para la SEMG, cualquier mejora de coordinación o de listas de espera «no sustituye» la necesidad de más médicos de familia, enfermería comunitaria y otros perfiles integrados en primaria, con un enfoque clínico y de salud pública, «no solo administrativo». Así lo asegura el médico, que trabaja en un centro de salud rural, consultado por FARO.

Tres condiciones para un salto a la realidad

En esa línea, Foo plantea tres condiciones para que la reforma sea sostenible: plantillas robustas y estables con condiciones atractivas; poder de gestión real en el ámbito local, con autonomía organizativa y liderazgo clínico; y estructuras propias de gobernanza de Primaria, como una gerencia específica que coordine recursos, agendas y relación con hospital y comunidad, además de impulsar investigación y formación continuada. Y añade un elemento que considera inaplazable: «Estas reformas tienen que llegar de forma decidida a la medicina rural, con incentivos económicos, profesionales y organizativos que hagan viable y digna esa práctica; si no, la equidad territorial seguirá siendo una promesa».

La reforma arrancó, tras el anuncio, con una doble escena. Primero el conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, desgranó en el Parlamento las líneas maestras del plan, y poco después los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidade se reunieron con el Sergas para conocer los detalles. El departamento autonómico anunció la creación de dos grupos de trabajo —uno de recursos humanos y otro asistencial— que deberán presentar un documento en seis meses y trasladar un primer análisis a partir de la semana del 15 de abril. Pero poco más (o nada) sobre el papel.

La propuesta contempla revisar la ordenación del personal, prolongaciones e intersustituciones, reforzar el papel de la jefatura de servicio en los centros de salud y «adaptar los tiempos y el número de consultas» para una atención más «humanizada y de calidad». También incorpora medidas ya comprometidas tras el acuerdo que desactivó la huelga de finales de 2025, como la reconversión progresiva de plazas de facultativo especialista de Atención Primaria (Feap) en Medicina de Familia y el rediseño de las guardias en los puntos de atención continuada (PAC).

Los sindicatos, críticos

Con todo, la valoración sindical tras la comparecencia del conselleiro y la reunión con el Sergas fue, en varios casos, abiertamente crítica.

CIG-Saúde elevó el tono y situó el debate en la falta de músculo presupuestario y de personal. Su secretaria nacional, Ana Lestón Gallardo, resumió el anuncio en una palabra: «Decepción». A su juicio, la Consellería llega tarde —«llevamos dos años de retraso para poner soluciones»— y el calendario planteado agrava el problema, porque fija un primer análisis desde la semana del 15 de abril y deja para más adelante la negociación de fondo, lo que podría forzar una «negociación exprés» en plena tensión laboral. CIG añade un reproche central: «nada de lo que se organiza está incluido en los presupuestos», por lo que teme que el plan se convierta en un rediseño administrativo sin capacidad real de despliegue. En su diagnóstico, el sistema necesita personal en todas las categorías, y defiende incorporar perfiles que descarguen la presión asistencial y amplíen la cartera resolutiva de los centros: psicólogos clínicos, dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas, odontología, enfermería y podología, entre otros.

Además, pide revisar el tipo de demanda que se está absorbiendo en consulta y promover un estudio sobre visitas «en las que un médico no es idóneo», por tratarse —según la organización— de «citas innecesarias» o revisiones que podrían canalizarse de otra forma, con otros profesionales o mediante circuitos alternativos.

Asimismo, UGT-Galicia (Servicios Públicos) adoptó un enfoque más técnico, vinculando buena parte de las medidas al acuerdo de fin de huelga de 2025, pero lanzó un aviso similar al de SEMG y CIG: sin nuevas incorporaciones, el rendimiento será limitado. Su representante, Javier Martínez, reconoció como avance la conversión de plazas Feap —«de 238, 74 ya son médicos de primaria», con dos aún en trámite—, aunque matizó que, por sí sola, esa medida «solo va a ordenar la atención primaria» y no garantiza el objetivo político más visible: reducir la espera.

«Con esta medida no se va a poder reducir el tiempo de espera», señaló, insistiendo en que el problema es estructural y requiere, también en su opinión, incremento de plantillas y estabilidad. UGT también puso el foco en Enfermería Familiar y Comunitaria: criticó el concurso específico convocado por Sanidade por considerar que se ha quedado corto —«solo sacaron 20 plazas»— cuando, según el sindicato, hay unas 100 enfermeras generales que cumplen criterios y tendrían derecho tras cinco años de servicio. La organización avanzó movilizaciones para exigir una ampliación de la participación y un diseño que no deje fuera a profesionales ya consolidados en el sistema.

Con el calendario sindical al rojo —paro estatal por el Estatuto Marco entre el 16 y el 20 de febrero y una huelga indefinida anunciada en Primaria desde el 2 de marzo—, la reforma llega bajo una presión evidente: consensuar cambios estructurales sin que los profesionales perciban que, de nuevo, se empieza por reorganizar lo existente antes de poner «más manos» en los centros de salud.

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