Reforma del Reglamento de Costas: vuelve el temor a que propiedades privadas en el litoral pasen a ser públicas

Ante el nuevo intento del Gobierno central para reformar el Reglamento de Costas, la Xunta se ha apresurado a mostrar su total rechazo y a convocar un frente común con el sector mar-industria y los alcaldes del litoral —a los que ha convocado este lunes para dar el primer paso—. Sostiene el Ejecutivo autonómico que no hay razón para esta revisión y que sus consecuencias podrán acarrear "cambios para las propiedades privadas", ya que hoy pueden estar bien "y mañana pueden quedar dentro del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) sin hacer ningún tipo de estudio".

El objetivo declarado de la reforma es limitar la duración de las concesiones en la costa a un máximo de 75 años, contando el periodo inicial de la autorización y las prórrogas, obligado por la UE. Pero hay más modificaciones, en caso de que el Gobierno siga la misma hoja de ruta del anterior reglamento, anulado en enero de 2024 por el Tribunal Supremo por no pasar por el procedimiento de exposición pública.

Entre otros cambios, introducía nuevos criterios más flexibles para revisar los deslindes del litoral que permitirán incrementar la zona de máxima protección y, por tanto, ampliar también la afección a edificaciones que hasta ahora quedaban fuera del ámbito de intervención de la legislación de costas. Se abre la puerta a que el Gobierno central pueda trazar una nueva línea divisoria entre el mar y la tierra y ampliar la denominada zona de servidumbre de protección.

Ese reglamento anulado en 2024, y que seguramente se tomará como base, permitía que el dominio público —el más restrictivo en cuanto a usos y cuya ocupación se concede mediante una concesión— llegara tierra adentro hasta el máximo nivel que alcance una única ola en un momento determinado. En la normativa vigente se establece un sistema de medición por el que ese límite debía repetirse al menos cinco veces en un lustro.

Como segundo criterio se incluía casi cualquier duna como perteneciente al dominio público marítimo-terrestre, estén o no fijas por vegetación.

La consecuencia de esto es que si se amplía el deslinde hacia el interior, las construcciones existentes en esa nueva área pasarían a ser titularidad del Estado. Y esta extensión del dominio público tiene otro efecto directo, como el desplazamiento tierra adentro de la servidumbre de protección, que es una franja de 20 metros de ancho en suelo urbano y de 100 metros en el resto del territorio, que está reservada para el caso de nuevas construcciones a usos y actividades vinculadas al espacio marítimo terrestre.

Y aunque la Xunta es la que ahora tiene las competencias de gestión del litoral, lo cierto es que tiene que gobernar la costa con la normativa estatal, común a toda España.

Uno de los propósitos del Gobierno de Pedro Sánchez es devolver al litoral su mayor grado posible de estado natural. En su plan estratégico para proteger la costa ante los efectos del cambio climático planteaba de aquí al año 2045 reducir la presencia de edificaciones y de la actividad humana en la primera línea del litoral. Se recogía literalmente como reto la "liberación del DPMT" y la "retirada controlada" de la actividad humana en la costa.

De ahí que la Xunta ya empezara a mover ficha. "A mí me gustaría saber qué pasa si después de invertir en un hogar X millones o cientos de miles de euros, de repente alguien dice que ya deja de ser privado para convertirse en público", se preguntó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

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