El CES alerta sobre el deterioro de la percepción de la inmigración pese a su impacto positivo en España

«España ha sido tradicionalmente una excepcionalidad en Europa. Una sociedad, en general, más acogedora y menos temerosa con respecto a la inmigración que otras del conjunto de la Unión. Sin embargo, esta excepcionalidad se está acabando». De esta forma resumió este lunes el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, el empeoramiento en la percepción de la inmigración que recoge el informe sobre la realidad migratoria elaborado por este órgano a solicitud del Gobierno central.

Detrás de este progresivo deterioro en la visión de la inmigración no hay, sin embargo, datos objetivos que lo respalden. El informe del CES refleja que la llegada de inmigrantes, en términos generales, ha tenido un impacto positivo para la población española. «El aumento de la población llegada desde otros países ha supuesto mejores salarios, mejores condiciones laborales y mejores empleos para la población autóctona», resumió Costas. Además, la productividad ha mejorado pese a que la llegada de aproximadamente 10 millones de migrantes en las últimas dos décadas ha incrementado notablemente la población ocupada.

El informe concluye que la población migrante tampoco realiza un consumo excesivo de servicios públicos esenciales. «La mayoría de los inmigrantes están en edad laboral, aportando al sistema», explicó Costas, que recordó además que el número de inmigrantes en edad de jubilación es todavía muy reducido.

Sin embargo, si los efectos sobre la población autóctona son positivos y no se detecta una congestión generalizada de los servicios públicos, ¿por qué empeora la percepción de los españoles sobre la inmigración? Esto se debe, según Costas, a lo que describió como «puntos ciegos»: aquellos barrios y áreas geográficas donde existe una fuerte concentración e, incluso, saturación migratoria, lo que ha supuesto un importante crecimiento de la población sin que este haya venido acompañado de una mejora sustancial de los servicios públicos. Una situación que el presidente del CES situó especialmente en diferentes puntos de la costa mediterránea, principalmente en Barcelona, así como en Madrid.

«El informe dice que estamos ante una disonancia entre lo que percibimos como experiencia personal con respecto a la inmigración y la percepción social que se tiene como país en este sentido», explicó Antón Costas.

El economista apeló a la puesta en marcha de un «pacto social por la convivencia», con el objetivo de frenar ese deterioro de la percepción social de la inmigración. Un acuerdo que, según explicó Costas, no debería limitarse a los grandes partidos políticos, sino que debería surgir en el seno de la sociedad civil.

En este sentido, el presidente del CES lanzó también un mensaje al empresariado: «No vale decir “necesitamos inmigrantes para cubrir puestos de trabajo”. Necesitamos, al mismo tiempo, comprometernos con la formación adecuada de estas personas y con la búsqueda de soluciones habitacionales para ellas. Es un compromiso de todos, pero especialmente de aquella parte de la sociedad que se está beneficiando en mayor medida del proceso migratorio».

Regularización positiva

En otro orden de cosas, Antón Costas se mostró también favorable a la regularización de casi medio millón de migrantes propuesta por el Gobierno. El presidente del Consejo Económico y Social defendió que reducir la irregularidad administrativa es clave para combatir la precariedad laboral y la economía sumergida, ya que muchas personas migrantes trabajan sin derechos por no disponer de permisos.

En su opinión, facilitar la regularización permite mejorar la integración en el mercado laboral, aprovechar mejor las capacidades de estas personas y reforzar el funcionamiento del sistema económico.

Desde el Ejecutivo autonómico no consideran tan positiva esta medida. El conselleiro de Emprego, José González, —que participó en la presentación del informe— calificó la regularización como «uno de los bandazos» del Gobierno estatal.

La Xunta ve «clave» el empleo en la integración de los migrantes

Durante su intervención, González defendió que la inmigración es «un elemento que transforma de manera profunda nuestro mercado laboral y nuestra sociedad» y subrayó que la clave para evitar debates estériles es su integración sociolaboral: «La clave de su integración es que tengan empleo de calidad».

En este sentido, el titular de Emprego reiteró la demanda de que Galicia gestione las autorizaciones de trabajo, al considerar que existe una «disfunción en el Estado de las autonomías». «Quien tiene las políticas activas de empleo son las comunidades, por lo que parece lógico que también puedan gestionar los trámites que permiten que esas personas estén trabajando cuanto antes», señaló.

La petición se apoya además en un informe jurídico del Consello Consultivo, presentado por su presidente, Andrés Lago. Según explicó, Galicia ya dispone de base competencial para asumir esta función. «Las autorizaciones de trabajo a personas extranjeras que residan en nuestra comunidad están ya de facto atribuidas a Galicia por la vía estatutaria», sostuvo.

No obstante, Lago precisó que para ejercerla plenamente es necesario culminar el correspondiente decreto de traspaso de medios por parte del Estado.

En una mesa posterior, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, confirmó que el Gobierno central ya trabaja en ese proceso y destacó que la relación institucional con la Xunta es «buena» para avanzar en el traspaso.