El turno de oficio echa humo: Galicia registra la cifra de solicitudes más alta de la década

«Hace 30 años que hago guardias, pero en estos dos o tres últimos años, en la guardia de violencia de género, es cada vez más frecuente que nos llamen a la una, a las dos, a las tres o a las cuatro de a madrugada». Así cuenta su experiencia en el turno de oficio Ana María García, miembro de la junta de gobierno del Ilustre Colexio da Avogacia de Vigo, uno de los nodos de una red conformada en Galicia por 3.500 profesionales cuya misión es asegurarse de que la Justicia llega a todo el mundo y no solo a quien puede pagarla.

Esos profesionales trabajan más que nunca y lo hacen en un momento en que los abogados se quejan de que «los recursos que aportan las administraciones son insuficientes y no se corresponden con las exigencias reales del servicio», como indicó a este diario el presidente del Consello da Avogacía Galega, Luis Torres Foira, quien cuestiona que los letrados están sosteniendo el servicio con sus ingresos y patrimonio.

Mientras los letrados exigen más medios, más gallegos que nunca llaman a su puerta en busca de ayuda. Según datos de la Consellería de Presidencia, en 2024, último año del que hay publicado un informe detallado, se registraron 48.358 solicitudes de asistencia jurídica gratuita en Galicia, la cifra más elevada de la década y la tercera más alta en veinte años, solo superada por la demanda anotada en 2011 y 2013, cuando cada año se registraron más de 49.000 peticiones.

Incremento de peticiones

Con respecto al año previo, las peticiones se elevan un 9 por ciento, aunque hay que tener en cuenta que en 2023 hubo huelga de turno de oficio. Si los datos se comparan con los de 2020, el año de irrupción de la pandemia, que lo trastocó todo, también el ámbito judicial, supondrían un tercio más. En ese sentido, los abogados del turno de oficio esperaban un aluvión de demandas tras el covid por la crisis derivada de la panemia y los datos avalan sus previsiones.

En lo que ostenta el liderazgo 2024 es en las veces, en cifras absolutas, en las que se reconoció a los solicitantes, casi siempre a instancia del propio interesado, el derecho a ser beneficiarios de profesionales de oficio: casi 40.800. La respuesta más habitual es que la petición se conceda (ocurre así en ocho de cada diez casos en los últimos veinte años y en el 84% en el año analizado), pero unas ocho mil personas se encontraron con una resolución expresa denegatoria.

No se trata solo de no cumplir los requisitos económicos cuando estos se exigen, porque hay colectivos, como los trabajadores o las víctimas de violencia de género que la tienen reconocida de por sí, al margen de su patrimonio, sino que otro de los argumentos para denegar la solicitud es cuando tiene como finalidad la defensa de pretensiones que son «jurídicamente insostenibles» (no viables). Son casos contados, pero supusieron 344 en el último año analizado.

Las razones tras el aumento

Desde la Consellería de Presidencia enmarcan el aumento de los casos, que han ido a más en 2025, al menos esa es la percepción de letrados vigueses, «en el incremento general de la litigiosidad en España», que vendría derivado de causas como «un mayor conocimiento de los derechos como consumidores o la inseguridad jurídica generada por los cambios normativos y jurisprudenciales».

Desde la primera línea, Ana María García opina que en el incremento pueden incidir varios factores. Por un lado, menciona a los principales usuarios del turno de oficio: las personas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. A pesar de que el SMI haya subido, comenta, existe un «condicionante económico». De hecho, apunta que algunas personas demandan ese apoyo más de una vez: para un procedimiento de familia, para una situación de deuda... En Vigo incluso existe un turno específico para los procedimientos vinculados con la ley de segunda oportunidad porque estos casos aumentaron «muchísimo».

Además, cada vez más población es potencialmente beneficiaria, señala, al indicar que cualquier trabajador tiene derecho a justicia gratuita y no se trata tanto de despidos como de otras cuestiones, como pueden ser denegaciones de incapacidad. Asimismo, en la actualidad todas las víctimas de agresión sexual son víctimas de violencia de género y tienen derecho a asistencia jurídica gratuita. «Eso aumentó bastante el número de asistencias», sostiene porque «cada vez se denuncia más»; son más las víctimas que se animan. «Es rara la guardia», afirma, en que no atienden «una agresión sexual», detalla.

Además, son casos «complejos» y que «cada vez surgen con más frecuencia». Como trabajadores de turno de oficio, muchas veces se les convoca de madrugada, porque la víctima tiene que recibir asistencia «inmediata». Y todo ello mientras no consiguen que se les abone disponibilidad en las guardias, a diferencia, dice, de otros trabajadores de la Xunta.

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