Xunta y patronal lanzan un frente común contra la reforma del Reglamento de Costas: «Va a expulsar toda actividad económica del litoral»

La Xunta, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y la cadena mar-industria se han conjurado para hacer un frente común en la defensa de los intereses de Galicia contra lo que consideran un nuevo intento de restringir los usos en el litoral por parte del Gobierno central con la reforma del Reglamento de Costas, cuyo texto se acaba de someter a información pública.

La reunión que mantuvieron esta mañana ya estaba prevista con antelación a que se difundiera la nueva redacción, si bien ya era conocida la intención del Ministerio para la Transición Ecológica.

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, habla de ambiente «desalentador» por la porfía del Gobierno de impulsar esa reforma, que el Ejecutivo central atribuye a la consecuencia de frenar un expediente de sanción por parte de la Comisión Europea por el sistema y la duración de otorgar las concesiones para el uso del litoral, que a partir de ahora no podrán durar, bajo ningún concepto, más de 75 años ni tampoco se podrán conceder prórrogas de forma automática.

«Esto para Galicia es terrible desde el punto de vista económico y social. Lo que se viene a decir en la reforma es que se van a reducir las concesiones, que no se van a dar más. En conclusión, que se va a expulsar toda actividad económica», ha censurado la conselleira, que se compromete a trabajar conjuntamente con el sector para frenar estas restricciones.

El documento, que el ministerio sacó el lunes a exposición pública para que las partes interesadas puedan presentar alegaciones antes del 1 de abril, «nada tiene que ver» con lo que pidió la Comisión Europea, sostiene Ángeles Vázquez.

Estos hechos, ha continuado, «rompen totalmente» el principio de lealtad institucional y de confianza que tenían las empresas a las que se les dio una concesión o una ampliación y a las que ahora «les dicen que se altera la regla del juego y que, si no están de acuerdo, serán expulsadas».

El mensaje desde la patronal es similar. El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha trasladado la necesidad de «estar todos unidos» y de «actuar coordinadamente para frenar posibles visiones restrictivas de la costa», como las pretendidas por el Ministerio para la Transición Ecológica, «que pudieran llevar aparejados recortes en la duración de las concesiones y prórrogas o el endurecimiento de los requisitos para desarrollar actividades económicas en el litoral, incluso ampliando el dominio público marítimo-terrestre».

Como posibles implicaciones la reforma, la patronal habla de inseguridad jurídica, dificultades de planificación por parte de las empresas o riesgo para las inversiones. Por eso, la Xunta, la CEG y el sector han acordado la creación de una comisión de trabajo para analizar jurídicamente el borrador con los cambios propuestos en el reglamento

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