El nuevo reglamento de Costas vetará una concesión si hay «riesgo cierto» de que el mar alcance las instalaciones

Al igual que el martes se reunió con la conselleira de Medio Ambiente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha estado esta mañana con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, para abordar las implicaciones que supondrá para la comunidad autónoma la modificación del Reglamento de Costas, la normativa que regula los usos del litoral, y que camina hacia una mayor restricción en la autorización y renovación de concesiones.

El máximo responsable de la patronal le ha expresado, para que así se lo trasladara al Gobierno central, la «honda preocupación» existente en el tejido empresarial gallego por el alcance que pueda tener la reforma. Le ha insistido en que le resulta «preocupante» esta revisión, «porque se cambian, como decimos en Galicia, ‘los marcos' de cómo estaban las concesiones, generando incertidumbre para las inversiones y no va en la buena dirección para el mundo empresarial».

Los principales cambios son que la duración de las concesiones no podrán superar los 75 años contando todas las renovaciones y que ya no se concederán prórrogas de forma automática, además de abrirse procesos de concurrencia competitiva para hacer llegar la oferta a más interesados en determinados casos. Pero hay alguna más. Como que quedarán prohibidas las nuevas concesiones y las prórrogas cuando las obras o las instalaciones «soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar». En todo caso, las construcciones marítimas y los cultivos quedan al margen, obviamente.

Esta limitación entronca con las previsiones recogidas en los informes elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica sobre el impacto del cambio climático en la costa española. En su último estudio, en el que se analizan los riesgos por sectores y por comunidades autónomas para que sean tenidos en cuenta por sus respectivas administraciones, se identifica, precisamente, la costa de Galicia y de la cornisa cantábrica como una de las zonas expuestas al impacto del oleaje por la subida del mar y el aumento de la altura de las olas.

Petición de reunión

La CEG, según avanzó su presidente, solicitará una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica o con la Dirección General de Costas o con el secretario de Estado, «para que, por lo menos, escuchen a un sector estratégico en Galicia». «Llevamos trabajando en esta Ley de Costas, desde 2018, intentamos buscar que las actividades que llevan más de 150 años en nuestro territorio no se vean perjudicadas y las que se puedan trasladar a otros lugares, bienvenido sea, pero sin quebrantar la situación actual, porque muchas de las actividades del sector mar industria necesitan el agua de mar, para una serie de usos», argumentó.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha reclamado el cese del «ruido político», en relación con las críticas formuladas por la Xunta, y ha sostenido que la reforma del reglamento no impide que se otorguen nuevas concesiones, sino que lo que hace es regular el procedimiento para garantizar una concurrencia competitiva, tal como exige la Comisión Europea, que había abierto un expediente de sanción por el sistema que tenía España de concesiones para el uso del litoral.

Pedro Blanco sostiene que existe «una gran confusión» de la que ha culpado a la Xunta. «No es cierto que se vaya a expropiar o eliminar ninguna concesión. Pediría hablar con seriedad y no alarmar al sector, solo es modificar el procedimiento de tramitación y adecuarlo a una normativa comunitaria. Que el sector esté tranquilo», sostuvo el delegado del Gobierno.

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente ha enviado una carta a la directora general de la Costa y el Mar, Ana Oñoro, para que complete la remisión a Galicia de todos los expedientes sobre concesiones que todavía no están en poder de la Xunta a pesar de que desde el 1 de julio del pasado año ha asumido las competencias.

También le reclama que detalle cuántas corresponden a Galicia de las 140 concesiones que se han beneficiado de una prórroga extraordinaria, según la información remitida a Bruselas por el Gobierno, y cuántas empresas han solicitado en el litoral gallego renovaciones, tanto ordinarias como extraordinarias, que están todavía sin resolver.

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