La nueva ley de residuos se atasca en Galicia: solo una «minoría muy reducida» está en condiciones avanzadas de aplicar el pago por generación

La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular se aprobó en abril de 2022, pero concedía tres años de plazo a los ayuntamientos para introducir y aplicar una pequeña revolución en el modelo de gestión de los residuos sólidos urbanos, que entre otras consecuencias obligaba a repercutir en los vecinos y comercios (y en función de su volumen de producción) el coste real de la recogida, transporte y tratamiento de la basura. Se trata de una nueva tasa y además se tiene que instaurar en todos los ayuntamientos, sin excepción alguna por el número de habitantes. Pero casi un año después de expirado el periodo transitorio (en abril de 2025), su implantación en Galicia es poco más que testimonial, si bien se trata de una característica común también en el resto de España.

La puesta en marcha de este nuevo sistema de gestión en Galicia no se ha llevado a cabo ni de lejos. Más bien es algo testimonial, si es que lo ha aplicado algún ayuntamiento. «Solo una minoría muy reducida de concellos gallegos está en condiciones avanzadas para implantar el pago por generación», admite la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, preguntada al respecto, que es plenamente consciente de que la gestión de los residuos es a día de hoy uno de los ámbitos «más complejos» de la gestión municipal.

En mayo de 2025, un mes después de agotarse el plazo dado por la ley de 2022, la Xunta puso en marcha la Oficina de Economía Circular para realizar un seguimiento continuo de la adaptación de las administraciones locales a la nueva normativa, lo que le ha permitido recabar información sobre el estado actual, que está muy lejos de adecuarse a las obligaciones legales.

«Su avance no depende solo de la voluntad de los ayuntamientos, sino que exige avances en el campo de la digitalización, de la puesta en marcha de sistemas de identificación de usuarios, de control operativo y de una nueva estructura tarifaria, requisitos que resultan especialmente difíciles para los municipios más pequeños», explica Medio Ambiente.

A causa de esta complejidad, la implantación del nuevo modelo de gestión de basura está todavía en una etapa larvaria. «La mayoría permanece en fases iniciales de estudio técnico, valoración económica o búsqueda de financiación», advierte la Consellería que dirige Ángeles Vázquez.

Pero no se trata de un problema exclusivo de Galicia, sino del conjunto de España, dado que la implantación requiere no solo inversión económica, sino de una reorganización profunda de los servicios municipales.

Para intentar agilizar esta ‘modernización’ en Galicia, la Xunta ha publicado recientemente la convocatoria de 2026 de ayudas para mejorar la gestión de los residuos de origen doméstico por parte de los ayuntamientos, que por primera vez prioriza el apoyo directo a la digitalización, a la identificación de usuarios y a la implantación progresiva de modelos de pago por generación.

«Existe voluntad y conciencia municipal, pero también limitaciones estructurales que dificultan los avances en este campo, tanto en Galicia como en el resto de España. El nivel de implantación actual es reducido, pero la Xunta está movilizando ya apoyo económico y técnico específico con el objetivo de garantizar que el pago por generación pueda desplegarse de manera efectiva, justa y viable en toda Galicia», sostiene Medio Ambiente.

Debido al vuelco en la gestión y la complejidad que supone la nueva normativa, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) envió en noviembre de 2024 una guía a los ayuntamientos para que les sirviera como base para la elaboración, tramitación y aprobación de la ordenanza que gravará la recogida de basuras.

Suscríbete para seguir leyendo