Cuando la condena no pasa por la celda: las penas alternativas a prisión en Galicia ya casi duplican los presos entre rejas

Las condenas no solo pasan por las celdas. Con la reforma del Código Penal en diciembre de 2010, jueces y fiscales dieron un giro a la hora de dictar sentencia con una creciente apuesta por el modelo restaurativo, sustituyendo cada vez más las penas cortas de prisión por alternativas como los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) o programas formativos. Tras varios años de estabilidad, estas medidas se han disparado y a día de hoy ya superan a los delincuentes que acaban entre rejas. En Galicia, fueron un total de 6.000 los delincuentes que pasaron por los juzgados gallegos en 2024 y que finalmente eludieron el ingreso en la cárcel con actividades comunitarias o talleres de reeducación, según datos de la última memoria publicada por el Ministerio del Interior. En el periodo 2020-2024, estas penas, reservadas para hurtos menores, delitos contra la seguridad vial o casos de violencia de género, se dispararon más de un 30% en la comunidad gallega.

Mientras tanto, la población reclusa también aumentó, pero a un ritmo mucho menor. Los centros penitenciarios gallegos albergaban al cierre de 2024 a casi 3.200 internos, algo más de un 7% más que antes de la pandemia, un incremento cuatro veces inferior al de las penas no privativas de libertad.

Detrás de este bum de la libertad vigilada frente al encierro en prisión hay varios factores. Por un lado, la convicción de que las condenas de tres a seis meses de prisión desestructuran la vida del penado —empleo, familia, entorno— sin aportar un verdadero efecto rehabilitador. En cambio, los TBC permiten mantener los vínculos sociales bajo supervisión judicial. A ello se suma el coste: mantener a un recluso supone entre 25.000 y 30.000 euros anuales, mientras que las penas alternativas resultan mucho más económicas y revierten directamente en la comunidad. Además, generan menor estigmatización y un impacto social más visible.

Delitos

Los delitos contra la seguridad vial y los casos de violencia de género sin riesgo extremo concentran buena parte de estas condenas, junto a infracciones por lesiones o contra el patrimonio. En estos supuestos, los programas de reeducación y los servicios comunitarios se consideran más eficaces que el aislamiento penitenciario.

El balance que deja 2024 de las penas alternativas a prisión en Galicia representa cerca del 7% del total de las registradas en España (91.169, un volumen que supone un 40% más que hace cinco años). Pero en el caso del conjunto del país, estas condenas fuera de prisión son menos abultadas que la ciffa a cierre de ese año estaban en los penales: 59.226. De estos datos se concluye que la tasa de condenas a trabajos en beneficio de la comunidad sobre el total de España es casi dos puntos superior al peso de presos que cumplen condena en prisión.

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña concentra la mayoría de los mandamientos de penas alternativas a prisión recibidos. Con casi 2.600 registradas en 2024, concentra el 43% del conjunto autonómico. Le sigue en la tabla gallega Pontevedra, con 1.988, el 33% del total. Lejos de estas cifras, están las condenas a cumplir fuera de la cárcel en las provincias de Ourense, con 858, y Lugo, con 558.

Incluso dentro del sistema penitenciario la tendencia apunta hacia modelos menos restrictivos. El régimen abierto —el llamado tercer grado— se ha consolidado como la herramienta de Instituciones Penitenciarias para suavizar la transición entre el encierro y la libertad plena.

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