Reinserción
¿Por qué cada vez más condenados evitan la cárcel en Galicia? Los jueces explican los motivos y el perfil
El aumento de los delitos de tráfico y de violencia de género leve, los casos de multas impagadas y delincuentes primarios con condenas de hasta dos años de cárcel explican el auge de las penas alternativas
El refuerzo de plazas durante los últimos años evita que las condenas prescriban y consolida el sistema
Dos agentes de la Guardia Civil de Trafico en un control de alcoholemia. / L. O.
Multa, trabajos en beneficio de la comunidad o prisión. La reforma penal de 2010 cerró la puerta a las penas cortas de cárcel que imponían no solo sanción económica, sino que también obligaba a cumplir actividades comunitarias frente al ingreso en prisión. Desde entonces pueden elegir entre una de las opciones: o el pago de una multa o talleres formativos o incluso de rehabilitación. El resultado fue inmediato: un bum de penas alternativas, con los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) como opción estrella. Pero había un problema. Cerca de un tercio quedaban sin ejecutar por falta de plazas, lo que acababa en la prescripción de la condena.
Con el paso de los años, los convenios con administraciones y entidades sin ánimo de lucro fueron taponando esa fuga. Hoy, según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia en Galicia, el sistema funciona y las penas se cumplen.
Susana Pazos Méndez, magistrada del Penal 2 de Ourense y miembro de APM, identifica tres motores del auge de las penas alternativas a prisión en los últimos años en Galicia. El primero: más delitos que permiten TBC, especialmente infracciones penales al volante y casos de violencia de género sin riesgo extremo. “En alcoholemias, si el conductor no es reincidente y hay conformidad, la condena suele ser trabajos en beneficio de la comunidad”, explica.
El segundo: la suspensión de penas cortas de prisión. Enviar a un delincuente primario a la cárcel por unos meses —razona Pazos— lo expone a otros reclusos y no permite diseñar un plan real de reinserción. Por eso, para delincuentes primarios, con penas de hasta dos años de cárcel y que no tienen otro delito, los jueces recurren cada vez más a alternativas a la prisión.
Y finalmente, están las condenas a multas que son impagadas; en consecuencia, detalla Pazos, se transforman en una condena a trabajos en beneficio de la comunidad.
Desde Jueces y Juezas para la Democracia, su portavoz, Edmundo Rodríguez, recuerda que durante años muchas de estas penas quedaban en el limbo por falta de plazas. “Los convenios firmados en los últimos años permitieron paliar ese déficit. Esa etapa de prescripciones ya está superada”, concluye.
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