Adiós a la simple multa: el Congreso abre la puerta a castigar con cárcel más excesos de velocidad

España se propone bajar el listón de la impunidad al volante: lo que hasta ahora es una simple multa, va camino de convertirse en un delito que puede acabar en cárcel. El Congreso acaba de aceptar admitir a trámite una proposición del PSOE para endurecer la respuesta penal a los excesos de velocidad, un giro que pone en el punto de mira a quienes convierten las carreteras en un circuito y ponen en riesgo la vida del resto de conductores, pasajeros y peatones. La iniciativa salió adelante, pese al rechazo de Vox. El PP se abstuvo. De los 347 votos emitidos, 176 fueron a favor, 33 en contra y 138, abstenciones.

Con la iniciativa socialista debatida este martes, se pretende modificar el artículo 379.1 del Código Penal y reducir los umbrales punibles de velocidad: en vías urbanas, de 60 a 50 km/h por encima del límite; en interurbanas, de 80 a 70 km/h. Esto implica que conductas como circular a 80 km/h en zonas de 30, como en el centro de A Coruña, o alcanzar 190 km/h en autopistas como la AP‑9, dejarían de saldarse con una multa y pérdida de puntos para convertirse en delitos que conllevan multas penales, trabajos en beneficio de la comunidad o incluso prisión, además de la retirada del carné entre uno y cuatro años.

La propuesta surge de la batalla iniciada por la madre de Josep Boan Rosanes, un joven catalán con raíces gallegas fallecido en Dumbría en 2020 tras ser arrollado en su moto por un conductor que circulaba a más de 120 km/h en una curva limitada a 70. Pese a ser condenado a dos años de cárcel por homicidio, no llegó a ingresar en prisión por no tener antecedentes penales. “La actual ley hace de este país el paraíso de los delincuentes viales”, declaraba Pilar Rosanes a este periódico al empezar su lucha por una reforma del Código Penal en materia de tráfico.

En su proposición, el PSOE argumenta que los actuales umbrales son “obsoletos” y demasiado permisivos, recordando que el exceso de velocidad estuvo presente en el 22% de los accidentes mortales de 2024 y que otros países europeos, como Francia, consideran delito superar en más de 50 km/h cualquier límite. Con esta reforma, los socialistas buscan actualizar la legislación casi dos décadas después de la introducción de los delitos de tráfico en el Código Penal y alinearla con los estándares internacionales de seguridad vial.

Debate

En espera de la votación, el diputado socialista Juan Carlos Jerez defendió la reforma y advirtió de que "solo hay una opción válida", la de votar sí porque "es votar por la vida". Y lo ha hecho ante Pilar Rosanes y su marido, Chus, sentados en la tribuna de invitados, que ante cada intervención en la que se pronunciaba el nombre de Josep no podían contener la emoción. "El martes, día 24, Josep atravesará los muros del Congreso", decía Pilar en vísperas del debate de la proposición socialista para rebajar los límites de velocidad punibles.

En su intervención, Jerez Antequera hizo un llamamiento directo a PP y Vox para que “apuesten por la vida” y no repitan —dijo— el bloqueo que sufrió la rebaja de la tasa de alcohol por “presiones” de los lobbies de la industria de bebidas alcohólicas.

Con la autoridad de sus 21 años como agente de Policía Local, defendió que la reforma de los límites punibles de velocidad tiene un objetivo inequívoco: salvar vidas. Recordó el testimonio de Pilar Rosanes y su lucha tras la muerte de su hijo Josep. Casos como el de Josep, dijo Jerez, evidencian que las penas actuales por delitos de velocidad “son humillantes y no son justas”.

El diputado socialista subrayó que un tercio de las condenas penales en España corresponde a delitos de tráfico, pero solo el 5% están relacionadas con el exceso de velocidad. “El Código Penal es claramente insuficiente”, sentenció.

Aprovechó para anunciar que el PSOE recuperará la iniciativa para rebajar la tasa de alcohol, priorizando “la seguridad vial por encima de cualquier otra cuestión”.

Grupo Mixto reclama firmeza y rechaza las ambigüedades

La diputada del Grupo Mixto, Cristina Valido, defendió que la seguridad vial “no admite ambigüedades” y que el compromiso político debe ser inequívoco: proteger la vida. “No estamos hablando de pequeños despistes”, advirtió, sino de conductas conscientes que multiplican la violencia de un impacto “hasta hacerla letal e irreparable”. Para Valido, la reforma no busca castigar, sino proteger a la ciudadanía.

Recordó el sufrimiento de las familias afectadas por la imprudencia ajena: “Desproporcionado es el dolor de quienes pierden a un ser querido porque alguien pisa el acelerador sin pensar en las consecuencias”. A las víctimas, añadió, “les debemos su lucha”.

El PNV pide cautela y un análisis profundo

La diputada del PNV, Nerea Renteria Lasanta, reconoció que la iniciativa “merece ser tenida en consideración”, pero pidió cautela al modificar el Código Penal, recordando que cualquier cambio tiene impacto directo en los juzgados.

Aportó datos: en 2025 se registraron 9 delitos de velocidad en vías interurbanas en Euskadi, pero con la reforma “se triplicarían”. Advirtió que “más pena no tiene por qué ser más eficaz” y que, aunque comparten el diagnóstico, discrepan del planteamiento. Renteria defendió que la toma en consideración es solo un primer paso y que el texto debe abrirse y trabajarse a fondo: “Si se cambia algo, que se haga bien”.

Junts ve un inicio para corregir “velocidades inmorales”

La diputada de Junts, Marta Madrenas, sostuvo que la propuesta “no es la que exigen las familias”, pero sí un primer paso para corregir lo que calificó como “velocidades inmorales”.

A su juicio, no se trata de una simple imprudencia, sino de una conducta que genera un riesgo extremo e intolerable. Madrenas afirmó que, para ella, esta será “la ley Boan”, en referencia a Josep Boan Rosanes, cuyo caso ha impulsado el debate público sobre esta reforma.

ERC pide medidas estructurales

La diputada de ERC Inés Granollers Cunillera destacó que la propuesta modifica el artículo 379 del Código Penal y que esa modificación “es necesaria y tiene sentido”. Recordó que las víctimas de accidentes de tráfico —con nombres como el de Josep— confirman la urgencia de actuar: “Reducir la velocidad no es una cuestión normativa, es una cuestión de vida”.

Granollers pidió que la reforma vaya acompañada de cuatro pilares esenciales: prevención y educación vial; infraestructuras y entornos seguros; alternativas reales al vehículo privado; fin de la precariedad de los conductores profesionales.

Sumar alerta del impacto mortal de la velocidad

Desde Sumar, Laura Vergara entró en la tribuna con un mensaje claro: la velocidad mata. Recordó estudios que la señalan como una de las grandes lacras de la siniestralidad y defendió que respetar los límites no es una opción, sino una condición para ver y reaccionar a tiempo. “Ponemos a las víctimas en el centro”. “Para acabar con la impunidad de la velocidad que limita la vida”, dijo. Con ese argumento, anunció su apoyo a la toma en consideración.

Vox carga contra la gestión del Gobierno

Francisco José Alcaraz Martos (Vox) acusó al Gobierno de hablar “como la abuelita del lobo feroz” y de no preocuparse ni por la vida ni por las víctimas. Tiró de ejemplos trágicos: jóvenes muertos por una pasarela mal mantenida, decenas de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, y la ley del “solo sí es sí” como símbolo de lo que considera una gestión negligente. Su intervención fue un reproche continuo y sin apenas referencias directas al contenido de la reforma.

El PP cuestiona el rigor jurídico de la reforma

Fernando de Rosa Torner (PP), como su partido hizo en el debate de la rebaja de la tasa de alcohol, denunció fallos formales y un preámbulo en la proposición del PSOE “que no es cierto”. Reclamó educación vial, campañas de concienciación y medidas complementarias que, según él, brillan por su ausencia. “Jurídicamente es un error”, advirtió, recordando que ni víctimas ni expertos avalan el texto tal como está. Defendió que atender a las víctimas es imprescindible, pero hacerlo bien es obligatorio. “No podemos llevar al BOE una ley que traiga frustración”, remató, apelando a la jurisprudencia del Supremo y a la necesidad de rigor.

Suscríbete para seguir leyendo