Choque total por las bajas laborales: Yolanda Díaz amenaza a la Xunta con llevarla al Constitucional

La propuesta anunciada ayer por la Xunta durante el debate sobre el estado de la autonomía ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo central. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzó la creación de unidades especializadas destinadas a controlar posibles fraudes en las bajas laborales, una medida que, según explicó, busca reforzar la eficiencia del sistema y evitar abusos que perjudican al conjunto de la ciudadanía y a las empresas.

«Es absolutamente ilegal», sentenció este jueves la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para advertir al Ejecutivo de Rueda que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional si sigue adelante con este proyecto. Horas después de que se abriese este choque frontal entre ambas administraciones, el conselleiro de Emprego, José González, defendió que estas unidades están dentro de sus «competencias propias» y se plantean con el objetivo de «tratar de paliar o reducir un problema muy intenso».

Durante un acto celebrado en A Coruña, Yolanda Díaz lanzó una advertencia tajante sobre la propuesta del la Xunta para controlar el posible fraude en las bajas laborales, con el foco en las enfermedades musculoesqueléticas o de psiquiatría menor: «Es absolutamente ilegal», sentenció. «Si la Xunta sigue adelante con este proyecto, el Gobierno acudirá al Tribunal Constitucional por considerar que se trata de una invasión de competencias estatales», añadió. Según la ministra, el plan del Gobierno gallego supone «privatizar aún más» un ámbito que considera «clave», en referencia a la salud laboral. «La competencia es de los médicos y médicas que decretan las bajas en materias de enorme sensibilidad», recalcó.

Desde el Gobierno gallego, el conselleiro de Emprego, José González, dijo estar «francamente sorprendido por la nueva salida de tono» de la vicepresidenta. «Lo que hizo (el presidente de la Xunta) fue poner encima de la mesa y llevar a debate un problema, el del absentismo, que está afectando en estos momentos de manera muy importante a la productividad del tejido productivo gallego y yo añadiría: del español», explicó en un audio remitido a los medios. Por eso, dice que para la Xunta «desde el máximo respeto a los derechos laborales de los trabajadores, es un problema que se tiene que afrontar y en el que se deben poner soluciones», para lo que prevé implantar un «plan integral para reducir ese impacto del absentismo en Galicia». «Con medidas que partirán de la Administración autonómica, pero también de los empresarios y los trabajadores y en el seno del diálogo social», añadió, tras asegurar que lo hará hará «dentro de esa capacidad y de las competencias que tiene la comunidad autónoma en materia sanitaria», con la creación, en el Servicio Gallego de Salud (Sergas), de unas unidades especializadas para esta cuestión. «Agilizarán y simplificarán los trámites de las mutuas en la colaboración que ya están teniendo en los procesos de control de las bajas», concluyó.

Horas antes, durante la inauguración del primer Observatorio sobre Capital Humano, organizado por la Confederación Empresarial de Ourense con el apoyo de la Xunta y de la Confederación de Empresarios de Galicia, González apuntaba que cualquier avance debe hacerse «con el máximo respeto a la salud y a los derechos de las personas trabajadoras», pero con el objetivo de «mitigar el impacto que el absentismo está teniendo en la productividad y competitividad de las empresas». Sobre la mesa, ponía los datos que había dado Rueda.: Galicia es la segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas, lo que supone pérdidas de más de 2.200 millones, es decir, el 3% del PIB.

En ese mismo encuentro, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, advirtió de que el absentismo laboral está alcanzando niveles «insostenibles» y supone un coste «enorme» para empresas y para la Seguridad Social, señalando que cerca de 95.000 personas no acuden a trabajar cada día en España y más de un millar en Galicia. Vieites reclamó a las administraciones reforzar la atención primaria, revisar las incapacidades temporales con criterios objetivos y mejorar la coordinación entre sistema sanitario, mutuas y empresas, diferenciando claramente entre derechos laborales y posibles fraudes. «Hay quien confunde absentismo con tener derechos», sentenció tras aplaudir el anuncio de la Xunta de un plan integral para intensificar el control de bajas, una medida que, según la patronal, puede aliviar la falta de mano de obra.

Desde la oposición, BNG y PSdeG, cargaron en bloque contra el plan de la Xunta. Desde el Bloque, su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, exigió a Rueda que pida disculpas por su plan de control de bajas, al que acusan de «criminalizar» a los trabajadores al tratarlos como «vagos defraudadores». La formación frentista sostiene que, en lugar de endurecer el control, la Xunta debería reforzar el personal sanitario y evitar que las mutuas hagan negocio con los derechos laborales.

Por su parte, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, reprochó a Rueda que acuse a médicos y trabajadores de fraude en las bajas y sostiene que su duración se debe a un «sistema colapsado» que retrasa diagnósticos y pruebas. Censuró además que la Xunta ignore esta realidad y opte por «desmantelar” el sistema en lugar de reforzarlo.

Unidades especializadas y papel de las mutuas

En su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía, Rueda puso sobre la mesa las cifras. La gallega es la segunda comunidad con más jornadas laborales perdidas por bajas y la segunda con las de mayor duración media (60 días); cada día hay 70.000 personas que no acuden a trabajar por estar en situación de baja y en su conjunto suponen al año pérdidas de 2.200 millones de euros, lo que representa el 3% del PIB.

«Se trata de un problema muy serio que lastra la productividad en toda España y que afecta especialmente a Galicia. Hay cifras que invitan a la reflexión», soltó el miercoles el presidente de la Xunta ante el pleno. Argumentó que no se puede pasar por alto «un problema estructural de primera magnitud» y que si bien el deber de la Administración es cuidar a las personas que están de baja, también lo es velar para que quien esté en condiciones, vuelva al trabajo. De hecho, recordó que las inspecciones que ya se hacen de forma ordinaria permitieron revisar 130.000 casos y comprobar que 30.200 personas no tenían motivos para acogerse a la incapacidad temporal.

Por ello, en las próximas semanas, según anunció Rueda, la Xunta presentará un «programa integral» para abordar las elevadas bajas laborales. El «núcleo» será la creación de unidades especializadas para la atención y control de las incapacidades por dolencias musculoesqueléticas o de psiquiatría menor, por ser las más frecuentes, para apoyar a los médicos de Atención Primaria que las gestionan. El plan también incluye también un refuerzo del papel de las mutuas para revisar las bajas, de forma que el Sergas ratificará automáticamente su reversión si está debidamente justificada. En caso contrario, se llamará al trabajador para que lo valore un médico de Atención Primaria.