Galicia mantiene a 1.428 personas en la lista de espera de la dependencia pese a la mejora nacional

Galicia cerró el mes de marzo con 1.428 personas pendientes de completar algún trámite del sistema de dependencia, de acuerdo con el cálculo realizado a partir de los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La cifra incluye tanto a quienes llevaban menos de seis meses esperando como a los que ya superaban ese plazo.

Del total registrado en la comunidad, 23 personas estaban a la espera de la resolución de grado, es decir, del primer paso para acceder al sistema. Otras 570 ya tenían reconocido el grado de dependencia, pero seguían pendientes de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA), mientras que 835 contaban ya con ese programa aprobado, aunque la prestación todavía no se había hecho efectiva.

En el conjunto de España, la lista de espera de la dependencia se situaba a 31 de marzo de 2026 en 271.556 personas, lo que supone un 2,5 % menos que un año antes, con 7.019 casos menos. De ese total, 118.716 personas estaban pendientes de la resolución de grado, 113.675 aguardaban la resolución del PIA y 39.165 tenían ya ese trámite resuelto, pero sin recibir todavía la prestación.

El informe ministerial añade además que 152.249 personas en toda España llevan esperando más de seis meses, el plazo máximo que fija la ley para resolver estos procedimientos. Derechos Sociales destaca que este grupo se ha reducido un 16,6 % respecto a marzo del 2025, con 30.283 personas menos, y que la cifra actual representa aproximadamente la mitad de la registrada en 2020.

También ha descendido el tiempo medio de gestión. Desde que una persona presenta la solicitud hasta que se resuelve la prestación transcurren ahora 329 días de media en España, es decir, nueve días menos que hace un año.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, atribuyó el principal atasco del sistema al primer filtro administrativo. Según explicó, el mayor “cuello de botella” se produce entre la solicitud y la resolución de grado, mientras que el tiempo se acorta una vez reconocida la situación de dependencia y tramitada la prestación. A su juicio, esa demora responde sobre todo a una presión creciente de solicitudes en el grado I, el nivel de entrada al sistema, lo que convierte el problema en un reto principalmente administrativo.