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Debate del estado de la autonomía

El PP defiende una Xunta «en perfecto estado de revista» mientras la oposición critica el «deterioro» en sanidad y vivienda

El Parlamento aprueba 52 propuestas de resolución, pero los populares solo aceptan doce de la oposición

Rueda y sus conselleiros, tras las votaciones del Debate del estado de la autonomía.

Rueda y sus conselleiros, tras las votaciones del Debate del estado de la autonomía. / Xoán Álvarez

Paula Pérez

Santiago

El Debate del estado de la autonomía se cerró esta mañana con un total de 52 propuestas aprobadas del total de 160 que presentaron los grupos, el 76 por ciento fueron las planteadas por el grupo parlamentario popular que solo aceptó 12 de la oposición, la práctica mayoría (10) de Democracia Ourensana. Con BNG y PSdeG los puntos de acuerdo fueron, por lo tanto, mínimos, resultado de dos visiones confrontadas sobre la situación de Galicia. Mientras que para el grupo parlamentario popular el Ejecutivo gallego se encuentra «en perfecto estado de revista», la oposición dibujó un panorama de «deterioro», «demolición liberada» y «colapso» de los servicios públicos con el foco puesto en las dificultades para acceder a vivienda y sanidad.

Desde el BNG su viceportavoz Olalla Rodil criticó la «Arcadia feliz» en la que vive la Xunta y recordó que hay 380.000 gallegos en lista de espera de la sanidad, que a los jóvenes les hace falta cobrar el doble para adquirir una casa o que los alquileres «se han disparado».

En su diagnóstico coincide el grupo socialista. Su viceportavoz parlamentaria Lara Méndez denunció que «llevan años escuchando el mismo triunfalismo que no coincide con la vida de la gente». «Desde 2009 han ejecutado una demolición deliberada del Estado del Bienestar», lamentó. «Han cambiado los derechos por caridad y eso genera dependencia y clientelismo», apostilló.

El debate se encendió tras la intervención del portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, que inmune a las críticas de la oposición defendió que el Gobierno gallego «llega a este debate en perfecto estado de revista». Aunque aclaró que «desde la autocrítica, porque todo es mejorable», defendió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, porque «cumple». Y, a continuación, arremetió contra la oposición. Así, hizo el cálculo del dinero necesario para poner en marcha las propuestas planteadas por el BNG. «Son 6.350 millones, el 50 por ciento del presupuesto de la Xunta, ¿cómo pagarán el resto de los servicios públicos?».

Narcopisos

Además arremetió contra el modelo turístico del BNG en referencia a la implantación en Santiago de la tasa turística y de su política de poner coto a las viviendas vacacionales. «Su política es cambiar pisos turísticos por narcopisos», le espetó.

Esto le dio pie a la socialista Lara Méndez a traer de nuevo al hemiciclo la polémica foto de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado. «Que vengan aquí a hablar de narcopisos, si ustedes los conocen bien porque hacía gestiones en narcopisos o en narcolanchas hace años», ironizó.

Corrupción

Pero el PPdeG sacó también su cargamento contra el PSdeG al recordarle los «Koldos, Ábalos y Tomés» como arma arrojadiza para rebatir las acusaciones de la oposición por su falta de implicación con las políticas de igualdad. Lara Méndez le recordó entonces que «tienen mucho cuajo» porque estos días también se está celebrando «un juicio contra toda la cúpula del PP», en alusión al caso Kitchen.

Entre las acusaciones cruzadas, Alberto Pazos cuestionó la propuesta del PSdeG de exigir la gratuidad de la AP-9 cuando su secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ya la había prometido en la pasada campaña electoral. Lara Méndez respondió que su jefe ya ha cumplido el «75 por ciento de este compromiso», en referencia a las bonificaciones aprobadas por el Gobierno.

El plan de la Xunta para reducir las bajas laborales también fue motivo de confrontación. El BNG insistió en pedir al PP que se disculpe con los asalariados por tratarlos de «vagos y maleantes» y el portavoz popular aclaró que la intención de la Xunta «no es perseguir» a los trabajadores «sino el fraude».

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