La demanda de vivienda protegida en Galicia no tiene edad: más de 3.500 mayores de 60 años se apuntan al registro de la Xunta para conseguir un piso

El acceso a la vivienda es una de las prioridades de la Xunta para esta legislatura. Se ha comprometido a construir 4.000 pisos de protección más para así duplicar la oferta actual y llegar a las 8.000. El pasado miércoles, el presidente, Alfonso Rueda, anunció nuevas medidas de impulso, como la supresión del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para animar a los constructores y la reserva del 30% de los inmuebles en venta para personas de entre 36 y 45 años, especialmente cuando son madres o padres de niños pequeños y que, por tanto, tienen menor movilidad geográfica que otras personas más jóvenes.

Este sector, según los datos facilitados por la Consellería de Vivenda, lo conforman 6.500 gallegos, que suponen el 27% de los 23.644 demandantes de una vivienda de promoción pública (VPP) que hay anotados en el registro de la Xunta. No obstante, el número de solicitantes es mayor, puesto que en esos datos difundidos por la consellería no están incluidos los pisos de iniciativa privada sujetos a protección, porque entonces la cifra total de demandantes asciende a 31.585.

Pero hay otro colectivo nada desdeñable que, a pesar de su edad, no desespera en la idea de conseguir una vivienda protegida, aunque el número de ellas es muy limitado. Son las personas con 60 o más años, que ascienden a 3.545 (contando solo los demandantes de VPP), de los que 1.091 superan los 70 años.

Con menos de 25 años, el registro cuenta con 1.248 aspirantes, que se acercan a los 5.700 cuando su horquilla etaria se mueve entre los 26 y los 35 años. Y entre 46 y 69 años, la Xunta tiene anotados a otros 6.684 solicitantes.

Otra línea de actuación, según adelantó el presidente de la Xunta en su intervención del miércoles, tiene por objeto la aspiración de que todas las viviendas que se están construyendo «sean más accesibles para las personas trabajadoras».

Si en 2025 la Xunta incrementó el techo máximo de renta para acceder a una vivienda pública, ahora se volverá a subir este límite hasta cuatro veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).

El incremento continuado de los precios del alquiler, una oferta cada vez más reducida y unos salarios que no crecen al mismo ritmo que el coste de la vida hacen del acceso a la vivienda un problema estructural. Esto provoca que cada vez sean más los gallegos que se inscriben como demandantes de vivienda en el registro del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).

Si a finales del mes de enero eran en torno a 28.400 las personas inscritas, tan solo algo más de dos meses y medio después se acercan a las 31.600. Esto supone un incremento del 11%, lo que se traduce en que, de media, 40 personas se dan de alta como demandantes de vivienda pública al día en la comunidad.

Las provincias de A Coruña y Pontevedra aglutinan el grueso de las solicitudes, con 11.640 y 15.013, respectivamente. Lugo, por su parte, cuenta con 3.047 personas a la espera y Ourense con 1.885.

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