Los colegios gallegos tendrán que intervenir también en casos de acoso y violencia digital fuera del horario lectivo y durante las vacaciones

En su estrategia para combatir todo tipo de acoso o violencia contra los menores de edad, las mujeres o colectivos vulnerables, faltaban por regular al más alto nivel las medidas de protección frente las acciones digitales, las que se ejercen a través de las redes sociales o las nuevas tecnologías. Desde este jueves, el anteproyecto de ley del Gobierno gallego que establece las disposiciones de prevención está sometida a información pública con el objeto de recibir alegaciones. El texto incluye una amplia sección dedicada al ámbito educativo y obligará, por ejemplo, a todos los centros docentes a contar con protocolos específicos de actuación que, además, superarán el entorno escolar para abarcar también los fines de semana o las vacaciones.

«Las TIC también presentan riesgos para los derechos humanos y, entre ellos, el acoso y la violencia que, como fenómenos existentes en la vida real, se proyectan como un continuo en nuevas formas en el mundo digital, como el ciberacoso a una persona a través de las redes sociales, la extorsión sexual a través de medios tecnológicos, el envío no consentido de mensajes de contenido sexual, el engaño de menores con fines sexuales, o la incitación a conductas dañinas. En definitiva, la variedad de prácticas de acoso y violencia digital arma al acosador de recursos para aumentar las posibilidades de consecución de sus objetivos», se argumenta en la exposición de motivos.

Tras esta explicación, se sostiene que el acoso y la violencia digital producen unos efectos en la mayoría de los casos más devastadores para las personas que en el mundo real, «pues tienen una capacidad de difusión tan amplia como casi imposible de controlar que hace que presenten efectos devastadores sobre la vida de la víctima».

Dentro del ámbito educativo, la parte más extensa está enfocada a la enseñanza no universitaria, dado que es donde están todos los menores. Como primera medida, la ley incluirá la obligación de que los currículos de todas las etapas incorporen contenidos formativos en competencia digital con el objetivo de promover un uso responsable de las nuevas tecnologías que sea respetuoso, particularmente, con la intimidad personal y familiar.

Los inspectores comprobarán que los currículos disponen de contenidos formativos adecuados a la edad de los alumnos para evitar el acoso digital.

Se exigirá que todos los centros docentes, de titularidad pública o privada, aprueben protocolos específicos para la prevención, detección y actuación contra hostigamiento digital, con mecanismos que permitan presentar denuncias tanto de forma presencial como telemática.

Además, también tendrán que desarrollar actividades extraescolares para concienciar a los alumnos del uso responsable de las tecnologías de la información, así como cursos de formación destinados a los estudiantes y los profesores, e incluso a las familias para que puedan «conocer y utilizar adecuadamente las herramientas de control parental sobre los dispositivos digitales».

La ley introduce además una disposición dirigida a los centros educativos que va mucho más allá de sus competencias tradicionales, pues el ámbito de intervención de esos protocolos, según está redactado en el anteproyecto, abarcaría al resto del año y fuera de los recintos escolares.

«Todas las medidas previstas en este artículo tendrán en cuenta también las situaciones de acoso y violencia digital que pudieran ocurrir durante los períodos de vacaciones o fuera del horario lectivo, siempre que tales situaciones se produzcan entre miembros de la misma comunidad educativa y como consecuencia o con ocasión de las relaciones establecidas en su seno», se establece textualmente.

En la etapa universitaria, la ley considera pertinente que también se incluyan contenidos destinados a la prevención del acoso y la violencia digital, particularmente en las carreras de Medicina, Psicología, Psiquiatría, Enfermería, Magisterio, Trabajo Social y Derecho porque el ejercicio profesional conlleva el contacto con personas vulnerables, y en los grados relacionados con las tecnologías y la comunicación.

El Gobierno gallego activará también un servicio autonómico gratuito de borrado de la huella digital de las víctimas, en su mayoría mujeres, menores e integrantes del colectivo LGTBI, con el objetivo de que estas «puedan recuperar su intimidad y reconstruir su reputación». Es decir, se suprimirá el material digital que continúe accesible en internet y que se utilizó como instrumento para la comisión del delito. En todo caso, tiene que haber una resolución judicial expresa al respecto.

Suscríbete para seguir leyendo