La mano dura de la Xunta desploma los vertidos ilegales y tóxicos en ríos y costa. Así aprieta el cerco inspector a la contaminación del agua en Galicia

Chorretones de disolventes o aceites escapando de naves industriales, restos de purines filtrándose desde explotaciones ganaderas, corrientes de espuma provocadas por detergentes y otros productos de limpieza, aguas residuales sin depurar que bajan por los ríos hasta morir en el mar. Esa fue la estampa que durante años arrastraron las aguas gallegas. Pero ese mapa de vertidos en los ríos, las dársenas o las playas, con continuas alertas, ha empezado a cambiar. Los datos de Augas de Galicia, organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, muestran que en los últimos cinco años los expedientes sancionadores abiertos por vertidos ilegales o tóxicos en el conjunto del dominio público hidráulico y marítimo-terrestre se han desplomado un 60%, pasando de 274 casos resueltos en 2020 a 111 en 2025. Detrás de esta caída están las campañas de inspección, el control de los puntos de descarga autorizados, el endurecimiento de las sanciones y una mayor concienciación.

Bajo la premisa de Quien contamina, paga, la Administración combate cualquier amenaza que turbie las aguas. El año pasado, Augas de Galicia resolvió un expediente por vertidos contaminantes o por carecer de autorización en ríos o costa cada tres días e impuso una multa cada poco más de cuatro días, según el análisis de los datos del organismo autonómico.

De los más de 100 expedientes resueltos el año pasado, Augas de Galicia dictó 80 sanciones a los tres actores implicados en estos puntos contaminantes (concellos, empresas y particulares), frente a las 148 de 2020. El descenso destaca especialmente en el ámbito empresarial, donde los expedientes que finalizaron en multa pasaron de 49 en 2020 a 19 en 2025, lo que supone un desplome del 61%. El propio organismo recuerda que “la obligación de Augas de Galicia es hacer el seguimiento y control de los vertidos de las empresas fuera de la red municipal”, lo que explica el impacto directo de la presión inspectora.

Los particulares siguen una tendencia similar: de 26 sanciones en 2020 a solo 7 en 2025, una reducción de más del 70 %. Aunque en 2025 se observa un ligero repunte respecto a 2024, el volumen es residual comparado con el inicio del período.

La Administración local —los concellos, responsables del saneamiento doméstico según la Lei de Bases de Réxime Local— continúa siendo la categoría con más expedientes sancionadores por vertidos a ríos o costa, pero también registra una caída significativa: de 73 sanciones impuestas en 2020 a 54 el año pasado, lo que se traduce en un descenso del 26%. Aguas advierte expresamente que “el concello es la administración competente del correcto saneamiento de las aguas residuales domésticas”, lo que explica su peso estructural en el total. En concreto, de las 80 sanciones impuestas por vertidos a ríos o costa el año pasado en Galicia, los ayuntamientos protagonizaron casi el 70%, cuando su peso en el conjunto de los expedientes abiertos representa un 57%.

Más importe

El descenso en el número de expedientes en estos cinco últimos años contrasta con la evolución del importe económico de las sanciones. En 2020, el total ascendía a 279.819 euros; en 2025, la cifra roza los 367.000 euros, lo que se traduce en un incremento del 31%. Es decir: menos casos, pero de mayor importe. En empresas, por ejemplo, las sanciones pasaron de 199.212 euros de hace cinco años a 233.820 euros en 2025. En particulares, el salto es aún más llamativo: de 2.401 euros a 7.800 euros, más del triple.

2024 fue un año atípico, con un repunte de sanciones hasta los 465.042 euros, pero 2025 volvió a la senda descendente en número de expedientes, manteniendo, sin embargo, un nivel de sanción elevado. El resultado es un escenario en el que la contaminación por vertidos se reduce, pero la vigilancia se mantiene firme.

La Xunta ha endurecido la respuesta frente a los vertidos, y el tejido económico y social ha reaccionado reduciendo su impacto contaminante. La caída sostenida en cinco años apunta a que la estrategia de inspección y seguimiento está teniendo un efecto disuasorio real. Galicia encara un nuevo ciclo en la gestión del agua: menos vertidos, más control y un régimen sancionador que no pasa desapercibido.

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