Multas millonarias para quien contamine en Galicia: hasta dos millones por dañar el medio ambiente

La Galicia de hoy ya no mira hacia otro lado cuando alguien agrede su patrimonio natural. Desde hace casi siete años, las sanciones por vertidos y daños ambientales han dado un salto de gigante: de los 300.000 euros que fijaba la antigua Lei de Patrimonio Natural e Biodiversidade de 2001, se pasó desde julio de 2019 a un marco sancionador que puede alcanzar los dos millones de euros.

Con este régimen sancionador, la Xunta quiso blindar los espacios más frágiles —parques naturales, reservas, monumentos y áreas protegidas— frente a actuaciones que, en demasiadas ocasiones, proceden de empresas con músculo económico. Para esos casos, las infracciones muy graves arrancan en los 200.000 euros y pueden escalar hasta cifras que comprometen cualquier cuenta de resultados.

Pero el golpe no se queda en la multa. Quien cause un daño ambiental severo se expone también a la incautación de los medios empleados, a la pérdida de ayudas públicas y, en última instancia, a la revocación de las autorizaciones que permiten la actividad responsable del vertido o la agresión ecológica.

La ley es clara: la gravedad de la infracción se mide por la magnitud del riesgo, el grado de intencionalidad, el beneficio obtenido y, sobre todo, por la posibilidad de que el daño sea irreversible. Y en un territorio donde ríos, rías y espacios naturales son parte esencial del patrimonio común, el listón se ha colocado alto para que nadie pueda alegar desconocimiento.

Las sanciones más llamativas de la Xunta en 2025

Las sanciones impuestas por la Xunta a lo largo de 2025, tanto a administraciones locales como a empresas y particulares, confirman una tendencia al alza en el control ambiental. Desde episodios persistentes de aguas residuales hasta vertidos domésticos que tiñen ríos, los expedientes abiertos muestran que Aguas de Galicia recrudece la presión ante los incumplimientos que ponen en riesgo la calidad de las aguas.

Uno de los casos más llamativos detectados el año pasado fue el del vertido de aguas residuales bajo el puente de Toralla, en Vigo. Tras dos años de requerimientos incumplidos, Augas de Galicia multó al Concello con 500 euros al considerar que no acreditó en plazo las medidas correctoras exigidas. La resolución, publicada en julio de 2025, recordaba que el episodio había sido detectado en 2023 y que el Ayuntamiento no había atendido los avisos técnicos.

En Vilagarcía, la entidad autonómica sancionó al Concello con 1.500 euros por un vertido continuado de pluviales al río O Con. La resolución, comunicada en enero de 2025, concluía que el requerimiento había sido “solo parcialmente atendido”, pese a las actuaciones municipales para eliminar el punto de vertido. El caso evidenció que la Xunta no está dispuesta a pasar por alto incumplimientos en materia de saneamiento, incluso cuando los ayuntamientos alegan limitaciones técnicas o presupuestarias.

La vigilancia también alcanza a los particulares. En septiembre de 2025, Augas de Galicia abrió expediente por un vertido que tiñó de blanco el río Lagares, en Vigo. Los técnicos apuntaron a restos de pintura procedentes de una vivienda cercana, tras observar operarios trabajando a escasos metros del cauce.

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