La Xunta evaluará el impacto de asumir la gestión de la AP-9 y facilitar su gratuidad con peajes en la sombra

La Xunta encargará a una empresa un nuevo estudio sobre la AP-9 en el que le pide que audite el estado de la autopista, los tiempos de espera en las cabinas de peaje o la situación económico-financiera de la concesión. Pero además quiere evaluar el impacto que tendría para las arcas autonómicas el traspaso de esta vía en caso de que quisiera ampliar los descuentos o bonificaciones existentes o incluso imponer peajes en la sombra, sistema por el cual la Administración autonómica, y no el usuario, paga a la concesionaria por el uso de esta infraestructura.

No es el primer estudio que la Xunta encarga sobre el traspaso de la AP-9. En 2024 ya puso cifras a lo que le costaría al Estado transferir esta vía: unos 526 millones de euros, una cifra que se elevaría a 2.355 millones si se rescata la concesión. Pero ahora la Administración gallega quiere saber qué impacto económico tendría en sus cuentas asumir la gestión de esta autopista si se mantiene el contrato con Audasa.

La demanda de traspaso de la AP-9 a Galicia tiene el respaldo unánime de todos los partidos gallegos, que han impulsado una proposición de ley en el Congreso para conseguir su cesión. Sin embargo, esta iniciativa lleva años encallada en las Cortes y el PSOE quiere limitar su alcance. Así, ya avanzó que no autorizará la transferencia, ya que solo propondrá a la Xunta que participe en la gestión de la autopista y pueda plantear cambios en las condiciones del contrato de la concesión, como descuentos en los peajes, pero a cambio de que aporte los fondos económicos necesarios para cubrir ese coste adicional para las arcas públicas.

Contrato

En todo caso, desde la Consellería de Vivenda e Infraestruturas quieren anticiparse y han licitado un contrato por 625.000 euros para auditar las autopistas gallegas. No es la primera vez que se recurre a una empresa privada para realizar labores de apoyo a la gestión de las vías de pago de titularidad autonómica. Pero esta vez se incluye como novedad un apartado para evaluar también la AP-9.

«La firma que ejecute el contrato se encargará de realizar estudios económicos como los ya elaborados por la Xunta sobre el coste del rescate de la AP-9 o sobre las tarifas y bonificaciones de peajes.  La Xunta continuará reclamando al Gobierno central el rescate y la transferencia da AP-9, así como la liberación de los peajes, pues el coste del rescate es muy similar al de las bonificaciones hasta el fin de la concesión», explican desde la Consellería de Vivenda e Infraestructuras.

La intención de la Xunta es que se realice ahora una auditoría técnica de la vía para conocer con detalle su situación actual, que analice, en concreto, los trabajos de explotación que realiza la concesionaria, así como posibles «mejoras funcionales y correctoras de funcionamiento anormal» de la infraestructura como tiempos de espera excesivos en playas de peaje o capacidad de enlaces insuficiente.

Análisis de la concesión

En el contrato que acaba de licitar Vivenda se pide a la empresa que realice además un análisis económico-financiero de la concesión y del impacto de las modificaciones introducidas a lo largo de la vigencia de la titularidad estatal de la autopista.

Y, por último, se plantea hacer un análisis de cuánto costaría a la Xunta una posible modificación del régimen de explotación. Por ejemplo, cuál sería el impacto en los presupuestos autonómicos de ampliar los actuales descuentos y bonificaciones al usuario. También se baraja la implementación de un canon de demanda o de disponibilidad, también llamado peaje en la sombra, lo que permitiría a la Xunta asumir las tarifas de la concesionaria por el uso de la AP-9 en lugar de repercutirlas en los usuarios.

El Gobierno autonómico usó ya este modelo de peajes en la sombra en varias autovías autonómicas para que fueran gratuitas para los ciudadanos —en cuatro de ellas finalmente terminó por rescatar la concesión—. Y recuerda además que las autopistas AG-55 e AG-57, de titularidad autonómica, son de las más baratas de España y mantienen sus tarifas congeladas en este 2026.

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