La asociación JJpD denuncia «graves defectos» en el traslado forzoso de Luis Villares en el TSXG y pide su suspensión

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) viene de plantear un recurso de alzada ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) frente a las resoluciones por las que se alteraban las secciones de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), con el traslado forzoso del juez Luis Villares y otros tres magistrados. La asociación profesional progresista considera que dicha decisión adolece de «graves defectos que ponen en tela de juicio la inamovilidad de los magistrados afectados y, con ello, la propia independencia judicial».

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, María Azucena Recio, tomó la decisión de apartar al magistrado Luís Villares de la sección tercera, encargada de resolver asuntos sensibles para el Ejecutivo gallego como las autorizaciones eólicas o la causa por la gestión público-privada del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, además de su traslado forzoso a la sección cuarta. Un cambio obligado que afectaría también a otros tres magistrados de las secciones tercera y cuarta.

Recio tomó esta decisión menos de un mes después de su toma de posesión como nueva presidenta de esta Sala. Un cargo al que accedió tras derrotar al propio Villares en el proceso de selección. El argumento de la magistrada apela a la necesidad de «salvaguardar la imagen de la institución y preservar la imagen de imparcialidad» del tribunal, después de que el Tribunal Supremo anulase en enero hasta tres sentencias vinculadas al Álvaro Cunqueiro debido al paso por la política de Villares como exlíder de En Marea.

JJpD denuncia que el procedimiento para adoptar esta decisión se verificó sin audiencia de los cuatro magistrados afectados y tacha los argumentos esgrimidos por Recio como «meramente aparentes e inidóneos» para justificar el traslado. Un hecho que podría ir contra la jurisprudencia europea, ya que en sentencias tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se señala la «necesidad de motivos claros y criterios objetivos» para la toma de este tipo de decisiones. Dos disposiciones que, bajo el prisma de la asociación progresista, «no concurren» en este caso.

Más allá, la existencia de un contexto de presión por parte de representantes políticos y empresariales después de que la sección tercera paralizase decenas de proyectos eólicos, considera JJpD, «hace más necesario, si cabe, extremar las garantías». «La quiebra de la forma, según el TEDH, junto con la ausencia de motivos claros, llevan a apreciar un riesgo evidente para la inamovilidad y la independencia del tribunal que JJpD no puede ignorar», denuncia la asociación en un comunicado.

 Es por ello que han solicitado también al CGPJ la suspensión de los acuerdos recurridos. Juezas y Jueces para la Democracia recuerda que la quiebra en la formación de los órganos judiciales y en el nombramiento de sus integrantes, puede llegar a ser motivo de nulidad de las resoluciones según la jurisprudencia del TEDH.

Nueva petición de suspensión

La decisión de JJpD de recurrir la decisión tomada por la magistrada Recio y solicitar su suspensión se suma a la realizada a principios de mes por la asociación progresista de juristas gallegos Xustiza e Sociedade de Galicia, que, de igual modo, relacionaba estos cambios organizativos en el seno del TSXG con el empuje mediático y político existente contra la sección tercera debido a sus decisiones en el ámbito del sector eólico. «La coincidencia temporal entre dichas presiones y los traslados forzosos, unidos a la ausencia de motivación reforzada, genera la apariencia de que la reorganización podría responder a factores ajenos al interés público», manifestaba la asociación a principios de mes.

Fuente: El Correo Gallego