La DGT urge endurecer los castigos por exceso de velocidad

Aunque Galicia concentró el 12,5% de los controles de velocidad practicados en las carreteras españolas durante la campaña del mes de abril, generó el 8,1% de las denuncias totales del país, lo que revela un cumplimiento de los límites de velocidad algo mayor en la red viaria gallega que en el conjunto nacional.

En cuanto a las vías de mayor incumplimiento, según destaca la DGT, el 53,5% de las infracciones por pisar más de la cuenta el acelerador se da en autopistas y autovías. Mientras, las carreteras secundarias protagonizan el 43,8% de las denuncias por velocidad en el conjunto del país.

Durante la campaña de control del 13 al 19 de abril, un total de 15 conductores fueron puestos a disposición judicial en el conjunto del país por excesos de más de 80 km/h sobre el límite. Ante este balance, el departamento que dirige Pere Navarro advierte que esta cifra se ha duplicado en dos años, lo que “pone manifiesto la persistencia de conductas especialmente graves y la conveniencia de revisar la normativa actual para que resulte más disuasoria”.

De hecho en el Congreso, se han dado ya los primeros pasos para endurecer los umbrales penales de velocidad. Es decir cuando pisar más de la cuenta el acelerador deja de convertirse en una infracción administrativa para convertirse en delito y, en consecuencia, acarrear pena de cárcel. El pasado mes de marzo, la Cámara baja admitió a trámite una proposición del PSOE para endurecer la respuesta penal a los excesos de velocidad, un giro que pone en el punto de mira a quienes convierten las carreteras en un circuito y ponen en riesgo la vida del resto de conductores, pasajeros y peatones. 

Con la iniciativa socialista debatida este martes, se pretende modificar el artículo 379.1 del Código Penal y reducir los umbrales punibles de velocidad: en vías urbanas, de 60 a 50 km/h por encima del límite; en interurbanas, de 80 a 70 km/h. Esto implica que conductas como circular a 80 km/h en zonas de 30, como en el centro de A Coruña, Vigo o Santiago, o alcanzar 190 km/h en autopistas como la AP‑9, dejarían de saldarse con una multa y pérdida de puntos para convertirse en delitos que conllevan multas penales, trabajos en beneficio de la comunidad o incluso prisión, además de la retirada del carné entre uno y cuatro años.

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