Más recaudación con menos concellos que lo cobran: el misterio del impuesto de plusvalía en Galicia que vuelve a superar la barrera de los 40 millones

Tras el IBI la —la conocida contribución—, el impuesto de plusvalía es la segunda gran fuente de ingresos municipales. Por la venta de un piso, un solar, un garaje o por una herencia o donación, los contribuyentes deben pasar por caja en uno de cada tres ayuntamientos gallegos. Se trata de un tributo potestativo —voluntario en su aplicación— y, en Galicia, poco más de un centenar de concellos lo cobran.

Después del terremoto jurídico provocado por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2021, que anuló los artículos que presumían siempre un incremento de valor incluso en ventas con pérdidas, la recaudación se desplomó. En Galicia se pasó de 47,6 millones en 2021 a poco más de 17 en 2022, casi un 65% menos y que supone un desplome muy superior a la caída nacional (40%). Pero el impuesto muestra ahora una importante recuperación: los ayuntamientos gallegos vuelven a superar la barrera de los 40 millones. En 2024, según la liquidación de presupuestos municipales que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda, los derechos reconocidos netos en el impuesto de plusvalía (el importe que el ayuntamiento tiene derecho a cobrar una vez descontadas devoluciones y ajustes) alcanzaron los 40,5 millones, un 18% más que el año anterior. Para 2025, la previsión roza los 50 millones.

¿A qué obedece este repunte? Según Alberto Vaquero García, investigador de Ecobas GEN Universidade de Vigo y codirector de Red Localis, no responde a una mayor implantación del tributo —cada vez menos ayuntamientos lo aplican, según apunta—, sino al nuevo sistema de cálculo y al dinamismo del mercado inmobiliario. Vaquero recuerda que el impuesto quedó «muy tocado» tras las sentencias del Constitucional y que su recuperación se debe sobre todo a un «efecto mecánico» derivado del aumento de las bases imponibles.

Provincias

De las cuatro provincias gallegas, los ayuntamientos de A Coruña se colocan a la cabeza en la recaudación por la venta de inmuebles en suelo urbano: más de 17 millones, más del 40% del conjunto autonómico, seguidos de los concellos de Pontevedra, con 12,9 millones, casi un tercio del total. Lejos de estas cifras están los ingresos que genera en las arcas municipales de Ourense, 7,8 millones, y de Lugo, 2,7 millones.

El comportamiento del impuesto confirma, explica Vaquero, que la reforma permitió estabilizar la figura tras años de caída, pero no ha logrado extender su uso entre los ayuntamientos gallegos. «La plusvalía sigue lejos de generalizarse», advierte, pese a ser el segundo tributo municipal con mayor aportación.

El aumento de la recaudación no es que porque se aplique con mayor intensidad por parte de los concellos, sino que que responde al nuevo sistema de cálculo y a la mejora del mercado inmobiliario

Alberto Vaquero García

— Investigador de Ecobas GEN Universidade de Vigo y codirector de Red Localis

Galicia no es, además, una de las comunidades donde más se aplica. En 2024 solo lo utilizaban 103 de los 313 municipios —un 33%—, frente al 44% del régimen común en España, más de diez puntos por debajo. Vaquero recuerda en que 2021 eran 112, por lo que la implantación incluso ha retrocedido. «El aumento de la recaudación no se debe a que los ayuntamientos lo estén aplicando más, porque ocurre justo lo contrario», señala. «Tiene que explicarse por otras causas».

Entre ellas, destaca el nuevo sistema de cálculo, que permite elegir entre un método objetivo basado en el valor catastral y otro real basado en la diferencia de precios, aplicándose siempre el más favorable al contribuyente. Este rediseño, unido a la mejora del mercado inmobiliario, explica buena parte del repunte. «También la evolución del ICIO, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, confirma esta tendencia: aunque grava hechos distintos, puede coincidir en el tiempo con operaciones de compraventa, rehabilitación o nueva construcción», apunta.

Coeficientes

Vaquero subraya además la influencia de los coeficientes máximos del método objetivo, que cada ayuntamiento fija de forma distinta y que pueden alterar notablemente la cuota final. Aun así, observa que entre 2023 y 2024 los períodos intermedios de tenencia de inmuebles —entre 7 y 11 años— han registrado «un aumento muy significativo» en su aportación recaudatoria.

En conjunto, el investigador concluye que el incremento de ingresos responde más a un «comportamiento mecánico» derivado del aumento de las bases imponibles que a mejoras sustanciales en la gestión tributaria. «No podemos hablar de una generalización del impuesto, porque cada vez hay menos ayuntamientos que lo aplican». El motor del crecimiento está en el mercado y en el nuevo diseño del tributo, no en una mayor intensidad recaudatoria de los concellos.

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