El minifundismo extremo limita el potencial económico del vino en Galicia: el 97% de las explotaciones no superan la media hectárea

En Galicia, hacer vino es un asunto familiar. Durante generaciones, la tradición vitivinícola se ha transmitido de padres a hijos, especialmente para consumo doméstico o para obtener un ingreso adicional vendiendo la uva a cooperativas. Las denominaciones de origen gallegas, con las Rías Baixas al frente, gozan hoy de reconocimiento internacional. Pero esa misma herencia cultural que explica el arraigo del vino en la identidad gallega es también, paradójicamente, uno de los frenos de su peso económico.

España es el país con mayor superficie de viñedo del mundo, con 933.000 hectáreas que representan el 13% del total mundial, y el tercer productor global. No hay una sola autonomía sin superficie dedicada al cultivo de la uva, aunque las diferencias entre territorios son enormes. Galicia ocupa el octavo puesto en superficie con 33.200 hectáreas, el 3,6% del total nacional, y el vino está presente en 148 municipios gallegos, concentrados principalmente en Pontevedra y Ourense. Pero lo que define al viñedo gallego no es su extensión sino su fragmentación: el 97% de las explotaciones no alcanza la media hectárea, la mayor proporción de minifundio entre todas las comunidades analizadas en un artículo cientídico publicado en la revista Ciencia UNEMI este año. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, ese porcentaje cae al 24%.

Las consecuencias de ese minifundismo extremo, tal y como concluyen los autores, no son menores. El sector del vino aporta 890 millones de euros al PIB gallego, el 1,4%, medio punto por debajo del 1,9% que representa a nivel nacional, frente a los 20.330 millones que aporta el sector en el conjunto del país. El reducido tamaño de las explotaciones hace que el volumen de producción por parcela no sea competitivo, obliga a concentrar la producción de decenas de pequeños viticultores en un único elaborador y dificulta la creación de un tejido empresarial sólido. El resultado se traslada también a las bodegas: casi el 80% son microempresas y la plantilla media del conjunto de bodegas gallegas apenas alcanza los 12,2 empleos, sin la dimensión necesaria para competir en precio ni en cantidad en mercados exteriores.

La orografía agrava el problema. Las pendientes características del territorio gallego, tan distintas de las grandes extensiones planas de Castilla o La Mancha, dificultan la mecanización y hacen que la viticultura dependa en buena medida del trabajo manual. Más esfuerzo, menos producción y márgenes más estrechos.

El impacto en el empleo es la imagen más clara de esta realidad. En 2023, el sector generaba en Galicia 15.900 puestos de trabajo, el 1,5% de la población ocupada, si bien de ellos solo el 55% (8.800) eran directos. Al mismo tiempo había 219.356 viticultores censados, que obtienen algún tipo de ingreso, lo que implica que solo el 4% de quienes están vinculados al sector viven de él a tiempo completo. El 96% restante o bien tienen otro trabajo principal o no reciben ingresos suficientes de la vitivinicultura como para poder considerarla como tal. Aun así, el sector genera ingresos en el 20,7% de la población gallega: uno de cada cinco gallegos tiene algún vínculo económico con el vino, que le aporta ingresos secundarios.

En materia de exportaciones, la paradoja se repite. Galicia tiene 590 empresas exportadoras de productos vitivinícolas, el 13,57% del total nacional. Pero su cuota en el valor de las exportaciones es solo del 0,78%. Muchas empresas, poco margen. El minifundio encarece la producción e impide competir en precio con otras comunidades que exportan vino a granel a costes mucho más bajos.

Frente a este diagnóstico, el estudio valora varias vías de mejora. La primera y más estructural es la concentración de parcelas: si los pequeños viticultores unieran sus tierras podrían aumentar el empleo directo a jornada completa y mejorar la competitividad del sector, aunque los autores advierten que ese proceso tendría consecuencias sobre el ecosistema y la estructura social del rural gallego. La segunda es el cambio climático, que puede actuar paradójicamente como oportunidad: el desplazamiento de cultivos desde el sur de España hacia el norte podría aumentar la superficie productiva gallega, aunque sin concentración de tierras esa oportunidad quedaría limitada. La tercera, y quizá la más viable a corto plazo, es el enoturismo, que permitiría generar empleo directo e indirecto vinculado al mundo del vino sin alterar la estructura de las explotaciones, y convertir a los visitantes en embajadores del vino gallego en sus países de origen.

El problema, en definitiva, no es que Galicia no tenga vino, viticultores o prestigio, sino que tiene poca escala para convertir todo ese arraigo en peso económico.

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