La Xunta prepara un concurso de minería para yacimientos de oro, wolframio y estaño valorados en 7.000 millones

La Xunta quiere abrir una nueva etapa en la política minera gallega con la vista puesta en los materiales críticos para la industria europea. En un contexto de creciente demanda de recursos estratégicos para sectores como la defensa, la automoción y el aeroespacial, el Gobierno gallego prepara un nuevo concurso de derechos mineros que tendrá especial incidencia en la provincia de A Coruña y que obligará a las empresas promotoras a presentar un plan social vinculado al territorio.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, compareció este martes a petición propia en el pleno del Parlamento gallego, donde anunció que la Xunta sacará a concurso en las próximas semanas derechos de explotación sobre minas en las que ya existe una presencia probada de recursos. Esto permitirá solicitar directamente la concesión de explotación de yacimientos de oro, wolframio y estaño.

Entre los proyectos incluidos figuran la mina de Corcoesto, con tres derechos mineros en Cabana de Bergantiños, Ponteceso y Coristanco, para oro y hierro; la mina de San Finx, en Lousame, para wolframio y estaño; y la mina de Santa Comba, que también abarca los municipios de Coristanco y Cabana de Bergantiños, para wolframio.

Según los datos expuestos por Lorenzana, estas explotaciones podrían poner en valor recursos naturales por cerca de 7.000 millones de euros, movilizar 200 millones de inversión directa y crear más de 250 empleos directos y 750 indirectos.

La conselleira defendió que Galicia cuenta con 18 de los 34 materiales críticos considerados por la Unión Europea, lo que sitúa a la comunidad, según afirmó, en una “posición de oportunidad” que no debe ignorarse.

Más de cien derechos para investigar nuevos recursos

Además de las concesiones de explotación, el concurso incluirá más de 100 derechos mineros en las cuatro provincias para permisos de investigación. Abarcarán materias primas clásicas, como caolín, arcilla, cuarzo, feldespatos y granito, y también minerales críticos como litio, niobio o tantalio en la zona de Beariz y Beade, así como cobre en Becerreá.

Lorenzana aseguró que el objetivo es convertir a Galicia en un referente en minería metálica y defendió una política industrial activa. A su juicio, renunciar a desarrollar recursos propios supondría depender de otros territorios que no siempre aplican los mismos estándares ambientales y sociales.

La Xunta introduce como novedad la exigencia de planes sociales financiados con un porcentaje de los beneficios de cada proyecto. Estos planes, según explicó la conselleira, deberán adaptarse a la realidad de cada comarca y serán diseñados con participación de la ciudadanía.

Esos compromisos deberán incluir medidas para la juventud, la formación, el retorno de población, el apoyo a los mayores y la diversificación económica del territorio. Lorenzana subrayó que deberán pensarse también para el momento posterior al cierre de la explotación, al recordar que “una mina tiene una vida útil finita, pero hay vida tras la mina”.

La conselleira fue tajante al advertir de que estos planes no serán un trámite secundario. “Sin un plan social a la altura, no habrá proyecto”, afirmó, tras señalar que serán determinantes en la valoración de ofertas, en la adjudicación de derechos, en el seguimiento de la ejecución y en la evaluación final.

La comparecencia también incluyó otras líneas de la política industrial de la Xunta. Lorenzana avanzó que el Gobierno gallego trabaja ya en el nuevo Plan Sectorial Eólico, con un mapa de afecciones y otro de recurso eólico, y volvió a reclamar al Gobierno central cambios legales, más inversión en Galicia y mejoras en el desarrollo de la red eléctrica.

También destacó el papel de Recursos de Galicia y la compra del parque eólico de Mondigo, en Ribadeo, Trabada y Barreiros, que permitirá a los vecinos del entorno reducir en un 80% su consumo eléctrico. En materia de suelo industrial, anunció actuaciones hasta 2030 sobre cerca de 12 millones de metros cuadrados en toda Galicia, con una inversión de más de 44 millones de euros.

Críticas de la oposición

La oposición cuestionó el modelo defendido por la Xunta. El BNG acusó al Gobierno gallego de poner los recursos de Galicia al servicio de empresas de capital exterior y criticó una política que, a su juicio, supone vender el territorio “a precio de saldo”. También recordó los problemas recientes en la tramitación de proyectos como A Penouta, en Ourense, y Muras, en Lugo.

El PSdeG reprochó a la Consellería la falta de planificación industrial, reclamó cerrar definitivamente el proyecto de Altri en Palas de Rei y denunció un “caos eólico” por la ausencia de un modelo claro en este sector.

Desde el PPdeG, en cambio, se defendió la gestión del Gobierno gallego. El diputado Rubén Lorenzo sostuvo que Galicia es una de las comunidades que más crece gracias a su industria y acusó a la oposición de instalarse en el rechazo permanente a proyectos que, según los populares, suponen inversión y empleo.