La Xunta propone a los comuneros que organicen «equipos de vigilancia» en sus montes para prevenir incendios forestales

El actual año comenzó con un equipo de mando renovado en la Consellería de Medio Rural, en el que se produjo el relevo (a finales de diciembre) de los titulares de tres de los seis órganos directivos, todo ello después de un verano, el de 2025, que se saldó con la peor ola de incendios del siglo en Galicia. Tras esos cambios, los nuevos rectores, que siguen bajo la dirección de la misma conselleira, María José Gómez, intentan dejar huella en la gestión. Una de estas iniciativas es la de implicar a los propietarios de los montes en la vigilancia durante la época de máximo riesgo para detectar los incendios que se puedan producir y, al mismo tiempo, funcionar como elementos disuasorios. Se empezará con un proyecto piloto y, en función de su desarrollo, dependerá que la propuesta tenga más recorrido y se extienda al resto de la comunidad.

El pasado verano, precisamente a raíz de la ola de incendios que consumió 119.000 hectáreas —el 94% de ellas en el mes de agosto—, unas 50 comunidades de montes y más de 300 vecinos de Baixo Miño y Val Miñor se coordinaron para patrullar y vigilar los montes de Vigo y sus comarcas como elemento de prevención y detección de fuegos.

La Xunta ha tomado nota y ahora quiere darle un barniz institucional y, a poder ser, también continuidad a la iniciativa. Así que este verano iniciará un «proyecto piloto» en el Baixo Miño. «Se propondrá la organización de equipos de vigilancia preventiva y detección temprana de incendios forestales en estos montes, durante la temporada de alto riesgo, con el objetivo de reducir el riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante conatos, dado que la intervención temprana reduce tanto la superficie afectada como posibles daños económicos o ambientales. De nuevo, la colaboración ciudadana, en este caso de las comunidades de propietarios, es una parte importante de la respuesta integral ante un incendio forestal», indican desde la Consellería do Medio Rural.

El Gobierno gallego considera que los propietarios de las comunidades de montes vecinales en mano común son los principales interesados en defender su terreno, tienen responsabilidad directa en su conservación y protección y también son quienes mejor conocen su territorio, tanto los accesos como los puntos de agua o las zonas con mayor riesgo de ser arrasadas por las llamas.

«Las comunidades de montes vecinales en mano común son agentes clave en el monte gallego», enfatiza Medio Rural. Aproximadamente, la quinta parte del territorio gallego, unas 650.000 hectáreas, corresponde a monte vecinal en mano común, gestionado por unas 3.000 comunidades de montes.

«Su contribución en la prevención de incendios forestales es clave, y por ello se mantiene una estrecha colaboración y apoyo desde el Gobierno gallego, convocando anualmente órdenes de ayuda para facilitar este trabajo preventivo», añade el departamento que dirige María José Gómez.

Sin embargo, esta línea de ayudas no funciona de la manera más eficaz, pues acumula importantes retrasos en la resolución de las convocatorias, demoras que se repiten además año tras año. Estas subvenciones están destinadas, por ejemplo, a financiar el arreglo de los accesos, actualizar cortafuegos, desbrozar o habilitar puntos de agua.

La Xunta es consciente de que el sistema funciona mal, por lo que trabaja en el diseño de un nuevo modelo que consistiría en la publicación de unas bases genéricas que tuvieran vigencia para cuatro o cinco años seguidos, con lo cual se podría agilizar la adjudicación anual de las ayudas, evitando que los solicitantes tuvieran que repetir cada ejercicio todos los pasos del procedimiento. En todo caso, ese cambio se producirá el próximo año.

A este equipo le tocará la reforma de la ley de prevención de incendios, una revisión anunciada hace años, para la que incluso se consultó al sector, pero para la que todavía no hay fecha.

En este plano de puesta al día, también se abordará la normativa que rige la obligación de desbrozar el matorral en una franja de 50 metros de ancho alrededor de los núcleos de población. La intención de la consellería es darle una vuelta a la redacción de las normas para «simplificar» su contenido con el propósito de «facilitar» la tarea a los propietarios afectados por terrenos que se deben limpiar todos los años, especialmente antes del verano.

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