La Xunta urge garantías al Gobierno para salvar el programa de auxiliares de conversación

La Xunta ha elevado la presión sobre el Gobierno central para intentar desbloquear la continuidad del programa de auxiliares de conversación en los centros educativos gallegos el próximo curso. La Consellería de Educación reclama al Ministerio «garantías jurídicas inmediatas» que permitan mantener una iniciativa que considera estratégica y cuya continuidad ve ahora «en riesgo».

El conselleiro, Román Rodríguez, ha remitido una nueva carta a la ministra de Educación, Milagros Tolón, en la que exige una solución «urgente» y un marco normativo «seguro, transparente y definitivo». Según la Xunta, la falta de respuesta del Ejecutivo central, unida a las discrepancias entre los ministerios de Educación y Trabajo, ha situado al programa en un escenario de incertidumbre que compromete su ejecución ordinaria en Galicia.

El departamento autonómico sostiene que el Ministerio de Educación todavía no ha convocado el programa para el próximo curso, pese a que habitualmente este trámite se realiza en enero. La demora acumulada, de cuatro meses, «impide, de facto», según la consellería, que la iniciativa pueda desarrollarse con normalidad en el curso 2026-2027 si no se adoptan medidas de forma inmediata.

A esta situación se suma la «incertidumbre jurídica» derivada de las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que, según la Xunta, ha impuesto multas millonarias a varias comunidades autónomas por la situación de los auxiliares. Educación recuerda que el programa está diseñado por el propio Ministerio de Educación, que fija sus requisitos, mientras que Galicia asume su aplicación y la mayor parte de su financiación.

La consellería subraya que los auxiliares de conversa no tienen la condición de trabajadores del régimen general de la Seguridad Social, aunque sí cuentan con cobertura médica y reciben una ayuda para gastos de alojamiento y manutención. De los 5,2 millones de euros de coste total del programa en Galicia, la Xunta asegura que aporta 4,8 millones, alrededor del 90% del presupuesto.

Rodríguez advierte de que, si el Gobierno central no aclara de manera inmediata el encaje jurídico del programa, Galicia se verá «abocada» a prescindir de una iniciativa que lleva 15 años implantada en el sistema educativo gallego. La Xunta vincula este programa a la mejora de la competencia en inglés del alumnado y sostiene que sus resultados avalan su continuidad.

El Ejecutivo autonómico responsabiliza directamente al Gobierno central de una eventual suspensión y acusa a los ministerios implicados de «irresponsabilidad» y «falta de voluntad» para proteger un recurso que considera clave para la enseñanza de lenguas extranjeras en los centros gallegos.

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