Los reparos de los interventores de la Xunta a los expedientes de gasto se disparan un 156% en tres años hasta superar los 5.700

La figura del interventor es una pieza clave en cualquier órgano de gobierno y administración pública, pues es el profesional que se encarga del control y fiscalización interna de la gestión de tipo económico y financiero, así como de la presupuestaria. Pero su criterio de vigilancia no siempre es tenido en cuenta. Por ejemplo, cuando emite una advertencia formal que expresa su desacuerdo con un acto, documento o expediente económico-administrativo. Son los llamados reparos, que pueden ser «suspensivos», aquellos que por la gravedad de los defectos encontrados impiden continuar con la tramitación con la partida de gasto y es imprescindible su corrección, o «no suspensivos», en los que se detectan irregularidades, pero que se estiman que no son suficientes para paralizar la maquinaria administrativa. En el caso de la Xunta, en 2024 se registraron 5.727 reparos, de los que 363 fueron suspensivos.

Así se recoge en el último informe de la cuenta general de la Xunta, sobre la que el Consello de Contas ha realizado un diagnóstico de la situación del control interno de la Administración autonómica. Los motivos de las objeciones más graves son incoherencias en los importes o en la identificación de los beneficiarios, ausencia de presupuesto o incumplimientos graves de la tramitación administrativa.

Las cifras de reparos han ido en aumento desde el año 2021. Desde entonces se han incrementado en un 156%. En 2021, las intervenciones delegadas en las distintas consellerías formularon 2.233 reparos, de los que 384 fueron suspensivos. Es a partir de entonces cuando se produce el salto, porque en 2022 alcanzaron las 6.000 advertencias de irregularidades en la tramitación de los expedientes de gasto por parte de la Xunta. En 455 casos, fueron reparos suspensivos.

Al año siguiente, se produjo un leve descenso, pero con cifras muy por encima de las de 2021. Los interventores registraron 5.005 reparos no suspensivos y 395, por su gravedad, suspensivos. Y en 2024 los números volvieron a subir a más de 5.700. Lo que sí fue algo novedoso ese año fue que por primera vez la discrepancia con un expediente llegó a la Intervención Xeral de la Comunidad Autónoma, que la resolvió en favor del órgano promotor, que fue la Consellería de Sanidade. El objeto del reparo fue la continuidad del servicio de soporte, mantenimiento y evolución de las aplicaciones de salud pública una vez finalizado el contrato en vigor hasta la adjudicación de un nuevo contrato.

En los concellos los interventores también emiten reparos, pero hay una diferencia sustancial, en cuanto al proceder, con los de la Xunta. Mientras que en esta última la selección de los profesionales depende de la propia Administración autonómica, en los ayuntamientos se trata de personal de habilitación nacional (responsabilidad del Gobierno central), por lo que operan con mayor independencia al desvincular su carrera profesional del concello en el que trabajan.

En 2024, los interventores municipales formularon más de 9.000 reparos en Galicia que afectaron a 165 concellos por expedientes de casi 600 millones de euros. No obstante, los ayuntamientos se los pueden saltar, bien mediante un acuerdo del pleno municipal o, siendo esta opción la más común, del propio alcalde.

También hay una diferencia fundamental entre el control interno local y autonómico: el distinto perfil del gasto público. Mientras que en el sector local de Galicia casi uno de cada cinco euros se dedica a gastos de inversión, los más difíciles de gestionar, al menos en teoría, y que acumulan gran parte de los reproches del Consello de Contas, en la comunidad autónoma el perfil del gasto inversor apenas llega al 9%, mientras que los gastos más repetitivos y, en principio, más sencillos de gestionar, superan el 55% en el ámbito autonómico (gastos de personal y transferencias corrientes).

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