¿Quién se queda con el piso de la vecina? La Xunta rastrea 560 herencias sin testamento en cinco años

Un piso en el centro, una casa en la aldea, una cuenta corriente con ahorros de décadas, las joyas, el coche, fincas… El destino del patrimonio de toda una vida no siempre tiene un nombre escrito en un testamento. En una Galicia cada vez más envejecida y con lazos familiares a veces desdibujados por la distancia —en ocasiones a miles de kilómetros e incluso al otro lado del Atlántico—, las herencias en las que no se han dejado por escrito las últimas voluntades y no hay herederos conocidos pasan a las arcas de la Administración, aunque con un destino fijado por ley: fines asistenciales o culturales.

Es lo que se conoce como abintestato, un término que proviene del latín y que significa «sin testamento». Cuando una persona fallece sin haber dejado por escrito el destino de sus bienes y, aparentemente, no tiene familiares directos hasta el cuarto grado —primos hermanos—, la Xunta puede investigar esas herencias y, si finalmente se concluye que no hay sucesores, la Administración actúa como garante final para que ese patrimonio no quede en un limbo jurídico. En los últimos cinco años, la Consellería de Facenda ha abierto 560 investigaciones sobre posibles patrimonios sin herederos; solo en lo que va de año fueron un total de 57, según datos del departamento que dirige Miguel Corgos. El volumen de herencias rastreadas cada año por la Administración autonómica se ha mantenido en niveles altos: en 2021 fueron 97, en 2022 se llegó a 99, al año siguiente bajó a 73, pero en 2024 se batió el récord con 124 y en 2025 también se superó el centenar, con un total de 108.

En esta primera fase, la de investigación, la Administración actúa como un detective sucesorio. Este procedimiento se puede iniciar por tres vías. Una, de oficio, cuando la Xunta detecta por sí misma indicios de una herencia sin herederos. Esto ocurre tras revisar datos del Catastro y otros registros, donde pueden aparecer señales como impagos prolongados, viviendas vacías durante años o titulares fallecidos sin movimientos sucesorios. La segunda vía es la comunicación de autoridades o funcionarios públicos, como ayuntamientos, entidades bancarias o servicios sociales, que alertan a la Administración al detectar cuentas inactivas, inmuebles abandonados o fallecimientos sin familiares conocidos. La tercera vía son las denuncias o avisos de particulares, normalmente vecinos, conocidos o administradores de fincas que informan de la muerte de alguien que vivía solo o de propiedades que han quedado sin atención y sin aparentes herederos.

Pero no todos esos rastreos abiertos por Facenda pasan a la fase de declaración de herederos, ya que la Administración suele encontrar «herederos preferentes»: desde un primo en Suiza con el que se perdió el contacto hasta un sobrino lejano en la emigración o un familiar que vuelve a existir gracias a un expediente administrativo. La Xunta acaba dando buenas noticias a personas que ni siquiera sabían que tenían derecho a una herencia. «Aunque cada vez se comunican más expedientes, durante la fase de investigación, de media, en ocho de cada diez casos se encuentran esos herederos preferentes», detallan desde el departamento autonómico, por lo que la Xunta se convierte en heredera en ese 20% restante.

Cuando la Xunta comprueba que no hay herederos, se inicia el procedimiento para declarar heredera legal a la comunidad autónoma. Esa resolución se publica tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diario Oficial de Galicia y en la web de la Consellería de Facenda. Ya en la tercera fase, una vez la Administración es declarada heredera —entre 2021 y 2025 se produjeron 37 declaraciones de herederos: 10 en 2021, siete en 2022, seis en 2023, nueve en 2024 y cinco en 2025—, el patrimonio del fallecido entra en un proceso de liquidación para ser destinado a fines asistenciales o culturales. En los últimos cinco años no se ha producido ninguna liquidación, ya que se trata, según explican desde Facenda, de un proceso lento, «transversal en el tiempo», que se prolonga durante años. Desde 2010, la comunidad gallega ingresó casi 213.000 euros.

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