Los concellos se ponen las pilas en los planes contra los incendios forestales: 113 acaban de iniciar su elaboración

A principios de año, la Xunta hizo pública la relación de concellos de menos de 10.000 habitantes que incumplían con la obligación de elaborar planes de acción municipal contra los incendios. Sumaban 148 en total. Era una llamada de atención para recordarles que debían subsanar esa omisión, que se hizo aprovechando que la Administración autonómica abría una línea de subvenciones para financiar hasta en un 75% la redacción de esos protocolos de respuesta ante las llamas. Apenas tres meses después, 113 concellos han iniciado los trámites para ponerse al día y comenzar a elaborarlos, mientras que otros 15 que ya los tenían han comenzado a revisarlos.

Estos planes determinan la hoja de ruta a seguir en caso de incendio, definiendo aspectos como la organización y los recursos municipales disponibles. Deben establecer sistemas de coordinación con otras administraciones, zonificar el territorio municipal en función del riesgo, prever medidas de información y formación a la población, de autoprotección de los núcleos urbanos y de las edificaciones, y catalogar los medios y los recursos específicos que se pueden activar cuando se produce una emergencia a causa del fuego.

Según aparece recogido en el Plan Especial de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Peifoga), están obligados a tener un plan de actuación municipal (PAM) para el riesgo de un fuego aquellos concellos con parte o todo su territorio en las denominadas zonas de alto riesgo de incendios (ZAR) —en las que la frecuencia o la virulencia de los fuegos y la importancia de los valores amenazados hacen que sea necesario establecer medidas especiales de protección—, así como aquellos en zonas de riesgo alto o muy alto.

Para financiar la elaboración de esos planes, la Xunta cuenta con más de 300.000 euros que se repartirán entre los 113 que carecían de protocolo y los 15 que ahora estaban obligados a revisarlo. No se ha quedado ninguno fuera. Todos los municipios que solicitaron la ayuda la han obtenido, según se publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia: 49 pertenecen a la provincia de Ourense; 36, a la de A Coruña; 27, a la de Pontevedra y 16, a la de Lugo.

Tras este balance realizado por la Administración autonómica, habría todavía 35 concellos (7 de ellos en Pontevedra) que no habrían solicitado a la Xunta estas ayudas para redactar sus protocolos de respuesta ante los incendios, si bien pueden hacerlo por sus propios medios sin acudir a las ayudas del Gobierno gallego. En la misma situación estarían otros 11 concellos con la obligación de revisar sus planes, porque pidieron la subvención 15 de los 26 que, teniendo ya protocolos, deben actualizarlos.

Precisamente, la fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró, se ha reunido con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, e integrantes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais de la Consellería do Medio Rural con el objeto de reforzar la coordinación institucional para prevenir, investigar y perseguir penalmente los incendios forestales ante la campaña de este 2026.

La pretensión es avanzar en la respuesta conjunta frente a los incendios, tanto en el ámbito preventivo como en la investigación de los fuegos y en la persecución judicial de los responsables.

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