Elena Candia entrega Urbanismo a la concejala tránsfuga en Lugo y aviva las críticas de la oposición por la «aritmética» de la moción de censura

La reorganización del gobierno municipal de Lugo tras la moción de censura sigue alimentando el choque político. La constitución de las comisiones previas al pleno confirmó este jueves lo que ya había avanzado la alcaldesa, Elena Candia: la concejala no adscrita María Reigosa —la exsocialista tránsfuga que facilitó un gobierno del PP en la ciudad— asumirá la presidencia de la Comisión de Urbanismo, Movilidad, Obras y Zona Rural, una de las áreas de mayor peso dentro de la estructura municipal.

El nombramiento salió adelante sin votos en contra, aunque PSdeG y BNG optaron por la abstención y elevaron el tono de sus críticas contra una decisión que consideran directamente vinculada al pacto que permitió el cambio de gobierno en la ciudad. El portavoz socialista y exalcalde, Miguel Fernández, definió el movimiento como «profundamente revelador» y aseguró que evidencia «la existencia de pagos políticos derivados de la moción de censura». A su juicio, este tipo de designaciones «no responden a criterios de capacidad ni de organización institucional, sino a equilibrios artificiales diseñados para repartir poder».

El antiguo regidor acusó además al PP lucense de «utilizar los resquicios legales para sortear el espíritu de la normativa antitransfuguismo», insistiendo en que, aunque la ley no prohíba expresamente determinados nombramientos, el objetivo del marco legal es evitar que el transfuguismo «se convierta en un instrumento para acceder o mantener cuotas de poder». Para los socialistas, situar a Reigosa al frente de una comisión estratégica supone «una burla» a los principios democráticos y un «deterioro evidente de la calidad institucional». «No estamos ante una cuestión menor ni técnica. Estamos ante otra muestra más de un modelo de gobierno sustentado en la aritmética de la moción de censura y no en el interés general de Lugo», afirmó Fernández.

También el BNG cargó contra la reorganización impulsada por Candia. El portavoz nacionalista, Alexandre Penas, calificó la situación de «lamentable» y cuestionó que una edil no adscrita pase a dirigir un área en la que, recordó, existen miembros del gobierno local «con años de experiencia y gestión» que quedan ahora «relegados a un segundo plano». Penas fue más allá al asegurar que la alcaldesa «parece estar secuestrada por la omnipresencia de la concejala tránsfuga», a la que situó como una figura central en el nuevo equilibrio político del ejecutivo municipal.

Por su parte, Candia defendió la normalidad del proceso y dio por cerrado el cambio organizativo tras la constitución de las distintas comisiones municipales —entre ellas Alcaldía, Cultura, Cuentas y Sugerencias—. La regidora subrayó que «la administración local funciona con normalidad» y destacó que todos los órganos quedaron constituidos «legalmente» y «sin ningún voto en contra».

Fuente: El Correo Gallego